lunes, 27 de octubre de 2014

Docentes universitarios de Córdoba: ¿CCT Nacional o CCT particular? Por Juan Pablo Ruiz



Una de las características del modelo sindical argentino es la defensa que cada gremio hace de su Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Todos entienden que lo que el CCT consagra se transforma en un piso de derechos que ningún dirigente se atrevería a no hacer respetar.
Pero no parece suceder así en la ADIUC, gremio de los docentes e investigadores universitarios de la Universidad de Córdoba.

Docentes Universitarios: Defendiendo la autonomía universitaria y los derechos laborales.

Sucede que los docentes universitarios siempre han luchado en contra de que las Universidades Nacionales utilicen la “autonomía universitaria” para violar sus derechos laborales, situación que ha provocado que a pesar de  lograr la primera ley de negociación colectiva en el sector público (ley 23.929), y un decreto donde establece la modalidad de la negociación colectiva entre las Universidades Nacionales y los gremios docentes (Decreto 1007/95); todavía no tengan un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).
No ocurre lo mismo con los trabajadores universitarios, conocidos como  “No Docentes Universitarios”  que tienen su propio CCT (N° 366/06), y han logrado que las resoluciones de las UN no afecten los acuerdos paritarios que establecen salario y condiciones de trabajo.
Es de destacar que tanto Docentes como “No Docentes” están regulados por el mismo marco legal, lo que desnuda que la demora en establecer una negociación paritaria que culmine con un CCT docente se deba mas a una concepción autoritaria y negadora de derechos que a una mora de carácter funcional o administrativa.
Las autoridades universitarias históricamente desearon que la relación jurídica que unía a los docentes con las UN no sea de carácter laboral, esto es bilateral, consensual y onerosa; sino que sea de carácter administrativa, o sea unilateral, objetiva y legal.
Con la reforma del año 1994 se incorporaron a nuestra carta magna numerosos tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, entre los que se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (PIDESC) y a través de él los Convenios de la OIT, que entre otras cosas defienden la libertad sindical, el derecho a una organización libre y democrática y el fomento de la negociación colectiva. Estos derechos también se encuentran consagrados en el  Art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Fueron reconocidos también en numerosos fallos de la CSJN, entre lo que se destacan la prohibición del Estado de utilizar el reconocimiento gremial para interceder en la decisiones de los trabajadores (libertad gremial), ni para privilegiar a ciertas organizaciones gremiales por sobre otras (CSJN Fallo ATE c/ Ministerio de Trabajo).
Otro de los aspectos donde la CSJN dejo jurisprudencia  es sobre la clausula In dubio Pro Operario y de la interpretación mas beneficiosa para el trabajador, situación que tiene importancia en el tema que tratamos.
Es por ello que  la negociación colectiva en el sector de los docentes universitarios  tuvo un salto cualitativo en el año 2013 y 2014 con la conformación de la paritaria general para elaborar un texto para un nuevo CCT; que después de consensuado fue ratificado por las partes ante el ministerio de Trabajo de la Nación el pasado 19 de agosto; donde las mismas se comprometen a no modificar de manera unilateral el texto acordado. (dicha ratificación fue suscripta de puño y letra por el Secretario General de la ADIUC Pablo Carro).
El CCT impulsado por ADIUC y el Rector Tamarit.

En este marco, causa sorpresa, que cuando solo falta la publicación en el Boletín Oficial de la Nación para que el CCT Nacional de los docentes universitarios entre en vigencia, que la dirigencia de la ADIUC proponga aprobar un CCT provincial con la Universidad de Córdoba, estableciendo peores condiciones de trabajo que el CCT nacional.
El texto del CCT Nacional establece numerosos derechos laborales que constituyen un enorme avance para los docentes universitarios, entre los que se destacan: La carrera docente, el ascenso y promoción,  las cobertura de vacantes,  la designación de profesores interinos, reconocimiento de derechos adquiridos, licencias, capacitación, año sabático, eliminación del trabajo ad honorem, etc, entre otros derechos.
Todos estos derechos, se encuentran disminuidos y sujetos a condición en el CCT de la ADIUC, como por ejemplo condicionar los derechos económicos a “que exista partida presupuestaria”. Pero lo más grave es que a cambio de ello la Universidad Nacional reconoce como una organización gremial con privilegios a la ADIUC, otorgándole derechos económicos y también políticos en desmedro de otras organizaciones gremiales, algo que ya fue declarado inconstitucional por la CSJN.
El negocio aparece claro, la ADIUC baja los derechos docentes y obtiene a cambio privilegios. Situación que viola toda la normativa nacional e internacional que protege la libertad sindical o la prohibición de los Estados de elegir ellos con cuales trabajadores negocian, ya que siempre querrán a los más sumisos.
Ahora bien, esto deja otra inquietud: ¿Cuál CCT tiene más valor jurídico y cual se debe aplicar? ¿El CCT nacional o el cordobés? Sin dudas que el CCT nacional, porque es producto de una verdadera paritaria nacional (que integran ADIUC y la UNC entre otras instituciones); porque establece mejores condiciones de trabajo para los docentes universitarios; por su ámbito de aplicación (todas las universidades del país), porque provienen de una negociación colectiva y no de una resolución del Concejo Superior, etc.
Sera cuestión de tiempo y de lucha organizada que un Juez o Cámara Federal resuelva en un caso concreto la supremacía jurídica del CCT nacional, dejando al engendro de ADIUC como un mal recuerdo.

A modo de conclusión.

Creo que el papel de la dirigencia de ADIUC debe dejar algunas enseñanzas. En primer lugar que el dirigente sindical debe pelear siempre por la vigencia de los instrumentos legales que consagran mejores derechos para los trabajadores que representa, no hacerlo será “historia de una traición”. En segundo lugar es que los trabajadores tienen a su favor todo un acumulado de derechos consagrados jurídicamente que son producto de décadas de lucha obrera y popular y que a dicha situación hay que protegerla y revalidarla cotidianamente. En tercer lugar, los docentes no deben caer en la estrategia de la Universidad Nacional, que en su rol patronal, insiste en no cumplir el CCT nacional y los derechos que consagra. Los docentes deben optar: en vez de desperdiciar esfuerzos en un CCT cordobés mediocre es preferible unirse y luchar por la plena vigencia del CCT nacional.
Para ello hay que ser coherentes con la historia de la lucha docente universitaria que siempre ha defendido la “autonomía universitaria” de la reforma del 18, porque es un instrumento indispensable para evitar la injerencia de los poderes de turno, como salvaguarda para poder generar la libertad de cátedra y el pensamiento crítico; para aportar en el camino de la construcción de una sociedad más libre, igualitaria y democrática.
Pero los docentes universitarios nunca han aceptado que se use la “autonomía” para violar derechos laborales que componen los principios y derechos fundamentales del trabajo y que constituyen y son parte del derecho inalienable de todo ser humano a tener un trabajo digno.
La autonomía es para defenderse del poder económico y político que quiere subordinar el conocimiento y utilizarlo para su exclusivo provecho. La autonomía NO debe ser esgrimida para precarizar el trabajo, ni para desconocer los derechos que los docentes poseen en su calidad de trabajadores como lo hacen las autoridades de la UNC que enarbolan un dudoso “progresismo nacional y popular”.
La ADIUC y su Secretario General Pablo Carro (que suscribió la ratificación del 19 de agosto e impulsa el CCT cordobés) deberían reflexionar sobre su acuerdo con la UNC a costa de los derechos docentes, ya que de persistir en esa idea tendrán un lugar en la triste historia de los dirigentes que entregan conquistas de sus trabajadores; y quedaran a años luz de la historia que nos llena de orgullo; la de Agustín Tosco, Atilio López y René Salamanca.


viernes, 30 de mayo de 2014

UN HECHO GRAVE PARA LOS TRABAJADORES DE CORDOBA.




Días pasados ocurrió en la Justicia un hecho muy grave para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de Córdoba. El Fiscal de Instrucción de la Justicia Provincial, Dr. Caballero, ordenó una medida precautoria por la cual el trabajador Leonardo Sánchez Zarate,  delegado sindical de la fábrica CIBIE ARGENTINA - VALEO,  fue obligado a “no concurrir por el término de sesenta días, a cumplir sus tareas laborales a su lugar de trabajo habitual”.
El fiscal tomo la medida inmediatamente después de la denuncia realizada por personal jerárquico de la empresa. Al trabajador denunciado no le permitió el ejercicio de su derecho de defensa;  ya que no se le tomo declaración indagatoria y por ende no puedo acceder al expediente para saber de que se lo acusa y poder defenderse en consecuencia.
La medida ordenada por el Fiscal de Instrucción es una situación no vista desde hace mucho tiempo en nuestra provincia. Es dable mencionar que dicha medida consiste en un simple decreto ordenado sin ninguna fundamentacion. 
Dicho decreto viola en primer lugar el principio de inocencia de un trabajador que por ser tal parece tener menos derechos que un ciudadano común. Ya que sin poder ejercer todavía su derecho de defensa, ha sido privado del derecho constitucional a ejercer un trabajo, que establece claramente el Art.14 de la CN.
En segundo lugar porque con solo escuchar a la parte denunciante se le impide al trabajador ingresar a su lugar de trabajo y por ello fue retirado de la planta por la policía como si fuera un delincuente. Dicha medida también afecta a su familia que no podrá contar por dos meses con su salario y verá comprometida su situación económica.
Pero también son damnificados los trabajadores de la empresa CIBIE ARGENTINA - VALEO, que por esta medida no podrán contar con su representante sindical durante 60 días, en un marco donde las suspensiones y los despidos están al orden del día. Es de destacar que el trabajador es delegado desde hace nueve años y fue electo por amplia mayoría este año.
Por ello esta medida avasalla también derechos colectivos, pues afecta el derecho que tienen los trabajadores a la representación sindical, y porque agrediendo de esta manera al delegado, la empresa empleadora, con el aval del Estado, tiene por objeto amedrentar y disciplinar a los trabajadores para que estos toleren la violación de sus derechos.
En función de proteger el derecho a expresarse, a asociarse con fines lícitos y a una organización sindical  libre y democrática es que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos protegen a los delegados sindicales otorgándoles la correspondiente tutela sindical.  Claramente el art. 14 bis establece que “Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical”; algo que el Sr. Fiscal ignoró por completo.
Ante este panorama me surgen preguntas: ¿no pensó el Sr. Fiscal que si los testimonios de los denunciantes son falsos la única beneficiada es la empresa? ¿No piensa el Sr. Fiscal que esto puede ser una maniobra de la empresa para eliminar los reclamos gremiales y reprimir a los trabajadores cuando tiene que afrontar suspensiones y despidos?
La medida de restricción que ordenó del Sr. Fiscal afecta a priori los siguientes derechos de jerarquía constitucional: derecho de defensa, presunción de inocencia hasta que una sentencia demuestre lo contrario,  el derecho a trabajar y ejercer toda industria licita, el derecho a la libertad sindical y a una organización libre y democrática,  el principio protectorio por el cual “el trabajo gozara de la protección de las leyes”, el principio de protección del delegado a través de la tutela sindical y el carácter alimentario del salario.  Dicha medida también deja de lado que nuestra constitución nacional adhiere al modelo de Constitucionalismo Social por el cual los derechos sociales poseen rango constitucional.
Con un simple decreto y sin justificación alguna, el Sr. Fiscal violó siete derechos de jerarquía constitucional; siendo que tal desconocimiento de la ciencia jurídica provocaría, en un estado de derecho, una causal de remoción de su cargo.
Pero lo mas grave es que si este antecedente pasa desapercibido, se habrá vuelto a utilizar el derecho penal como herramienta para intervenir en los conflictos laborales, de manera similar a lo que hizo el Presidente Roca a principios del siglo XIX, que utilizó la ley de residencia para deportar del país a los dirigentes del incipiente movimiento obrero argentino.
La utilización del fuero penal para intervenir en los conflictos sociales siempre fue una mala señal para la clase trabajadora y los sectores populares; ese parece ser el camino que esta orden restricción ha iniciado en nuestra provincia. El intento de criminalizar la protesta social y con ello intentar evitar los conflictos que existen en el mundo del trabajo, es un hecho grave que no puede pasar desapercibido. 



jueves, 10 de abril de 2014

Trabajadores y 30 años de democracia. La obstinada idea de un país con Justicia Social.


Para reflexionar sobre el mundo del trabajo en estos treinta años de democracia es imprescindible remontarse al legado de la dictadura militar, ya que el terrorismo de estado eliminó una generación de dirigentes de la clase trabajadora y permitió el abandono del modelo de sustitución de importaciones (MSI) ya en avanzada crisis y la adopción de un modelo neoliberal.
EL modelo laboral que comenzó a desmantelar la dictadura se forjó en el primer peronismo; fue allí donde se formalizaron las relaciones laborales y con ello la adquisición por parte de los trabajadores de numerosos derechos. En el marco de un momento expansivo del MSI los trabajadores argentinos se convirtieron en el principal actor de la vida política nacional, construyendo un Estado que tenía como objetivo fijar las reglas en las que se debía desarrollar las relaciones laborales y asumía como misión la construcción de una sociedad “socialmente justa”.
El MSI se basaba  en expandir la demanda interna, promoviendo pleno empleo con trabajo registrado,  y como contrapartida poner un límite al capital entendiendo por tal que “debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social”. (Constitución Nacional 1949)
Estas decisiones públicas configuraron un mundo laboral con sindicatos fuertes, negociación colectiva y altos salarios. En el centro de la relación laboral se ubicó “la estabilidad en el empleo” y como consecuencia de ello muchos trabajadores ingresaban a trabajar a una fábrica y se iban de ella recién cuando se jubilaban.
Los cambios producidos en este período se mantuvieron luego de la caída del gobierno peronista en 1955. En la Constitución Nacional del 57, que derogó la constitución peronista,  se incorporó el art. 14 bis que comienza estableciendo: “el trabajo en todas sus formas gozará de las protección de la leyes”.
De manera similar a lo que sucedía en los “Estados de Bienestar” europeos se hablaba de “ciudadanía laboral” para mencionar el conjunto de derechos que protegían a los trabajadores y sus familias. En términos de análisis sociológico se definía como “homogeneidad estructural” al mundo del trabajo en nuestro país, donde el imperativo del pleno empleo y sindicatos fuertes hacían que los trabajadores tuvieran un nivel de vida similar. En esta etapa, que duro hasta el año 75, el desempleo y el trabajo no registrado estaban confinados a los sectores no competitivos o marginales de la economía.
La Argentina transcurrió los veinte años posteriores atravesados por la lucha entre quienes querían enterrar definitivamente dicho modelo y entre quienes lo defendían. Fue la dictadura militar la que rompió el equilibrio de fuerzas; y con ella las elites económicas y políticas se aprestaron a llevar el país a un nuevo tipo de liberalismo. Con ello delinearon un nuevo mundo del trabajo que se convirtió, junto con la deuda externa, en una pesada herencia para los futuros gobiernos democráticos.

Los 80 y la recuperación democrática.

Luego de esta introducción debemos decir que la primera década de democracia transcurrió en dos sentidos: el primero en la recuperación de vida democrática con la correspondiente normalización de los sindicatos. Se destaca un renacer del activismo sindical, con elección de delegados y la incorporación de muchos trabajadores jóvenes que fueron los verdaderos protagonistas de la primavera democrática. Pero en los centros de trabajo crecía ahora un “miedo” de nuevo tipo crecido al calor de los planes económicos de Martínez de Hoz: era el miedo a perder el empleo.
El segundo sentido fue la profundización de la crisis del Estado que culminó con la llegada de la hiperinflación de finales de la década donde se produjeron despidos masivos, y aumento de manera exponencial del desempleo y la pobreza. Ese fue el marco social para que en la década del 90 se implementara el modelo neoliberal sin que en sus inicios produjera grandes resistencias.

La década neoliberal.

A diferencia de lo que muchos creen, el proyecto neoliberal no tuvo como objetivo retrotraer las relaciones laborales a 1910 o a los tiempos posteriores a la gran depresión, por el contrario, su proyecto social es mucho más sofisticado, y si bien persigue una apertura económica indiscriminada y la búsqueda de maximizar las ganancias del capital, dichos objetivos se logran dentro de una nueva manera de estructurar el mundo del trabajo.
Pasada la hiperinflación el saldo fue el debilitamiento de las organizaciones gremiales y la consolidación entre la clase trabajadora de una profunda división: los que tienen trabajo pero tienen miedo a perderlo y los que no poseen empleo y no tienen posibilidad de encontrarlo. Luego de los inicios de la convertibilidad el desempleo vuelve a crecer, superando al final de la década el veinte por ciento de la fuerza de trabajo. Paralelamente aumenta el trabajo no registrado, dejando de ser marginal para convertirse en el 50% entre los jóvenes que obtienen su primer empleo.
También se atacó la estabilidad del empleo en el sector público mediante las privatizaciones. Fue el momento de los “retiros voluntarios” a cargo del estado para que las empresas de servicios públicos, ahora privatizadas, pudieran precarizar las condiciones de trabajo. Los 90 fueron también el inicio del proceso de cambio de las leyes laborales para adaptarlas al nuevo contexto. Se privatizaron los fondos de la seguridad social con el régimen de AFJP y se impulsó desde el Estado un régimen de contrato de trabajo que facilitaba la subcontratación y tercerización. Se sancionó la nueva ley de riesgos del trabajo que implicó un fenomenal retroceso en los derechos de los trabajadores. Al final de esta década De la Rua impulso la ley “Banelco” para aumentar el período de prueba de tres a seis meses, consolidando los trabajos de “alta rotación” en donde los jóvenes son los más perjudicados.
Como corolario, el neoliberalismo logró ubicar la “inestabilidad en el empleo” en el corazón de la relación laboral y el mundo del trabajo había perdido la “homogeneidad estructural” que lo caracterizaba en la década del 70. Con el avance del desempleo, del trabajo no registrado,  la precarización laboral y bajos salarios se consolidó un modelo de fragmentación de la clase trabajadora que  en términos sociológicos se denomina “heterogeneidad estructural”.

La década neo desarrollista.

La década iniciada en el año 2003, se caracterizó por una alta creación de empleos sostenida por un tipo de cambio retrasado y el aprovechamiento del capital instalado que permanecía ocioso. La recuperación logro en solo cuatro años (2003-2007) la creación de 4 millones de puestos de trabajo, decayendo el ritmo de creación de empleo luego de dicho período hasta estancarse en el año 2010.
Con el aumento de la ocupación, aumento la capacidad negociadora de los sindicatos y mejoraron todos los índices sociales, destacándose el aumento de los salarios, que durante el periodo 2003-2009 crecieron por sobre la inflación, equilibrándose durante 2010-2011 y retrocediendo en el bienio 2012-2013.
Pero es respecto de la calidad del trabajo donde surgen las mayores críticas, ya que la “heterogeneidad estructural” heredada de los 90 no cambió. En la actualidad el desempleo se ubica en el 15% (si se cuentan los beneficiarios de planes sociales) y el trabajo no registrado asciende al 32% según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Poco mas de la mitad de los trabajadores se encuentran registrados aunque muchos de ellos, sobretodo los mas jóvenes, tienen trabajo precarios, con bajos salarios y donde los despiden al concluir el periodo de prueba o antes de sumar un año de antigüedad.  Solo el 35 % de los trabajadores puede ejercer plenamente su “ciudadanía laboral”.
El peso de la magnitud del trabajo no registrado y precarizado incide de manera determinante en muchos sentidos: uno de ellos es la fragmentación de la clase trabajadora en cuanto colectivo social, en tanto que hace real la amenaza a perder el empleo, generando un miedo que paraliza y quiebra el ánimo del colectivo. De esta manera se debilitan las organizaciones sindicales y se condiciona a la baja la negociación salarial tanto de los trabajadores registrados como de los no registrados. También los debilita a la hora de exigir y controlar las condiciones seguridad e higiene en el trabajo, siendo ello una de las causas de aumento en los accidentes laborales.
Dicha situación de precariedad hace que el daño social sea inmenso porque el trabajo deja de ser para los jóvenes de los sectores populares un camino válido, asociado al progreso social e individual y se lo vincula a una mala paga y pocos derechos, con el riesgo de despido siempre latente.
Esa es una de las razones por la cual es cada vez mas importante en los sectores populares la ayuda estatal mediante la transferencia de ingresos producida por los planes sociales asistenciales como la AUH o el PROGRESAR. Lo que denota una diferencia sustancial respecto del Modelo de Sustitución de Importaciones (1930-1975). Mientras éste distribuía la riqueza incorporando masivamente trabajadores al mercado formal y construyendo una “homogeneidad estructural” del mismo, el modelo actual (2003-2013) mantiene la matriz neoliberal en el mercado de trabajo, con alto empleo no registrado y precarizado, paliando la situación de exclusión y pobreza con los planes asistenciales,  profundizando así la “heterogeneidad estructural” mencionada.

Cambiar la matriz neoliberal que domina el mercado de trabajo es sin dudas la asignatura pendiente de estos 30 años de democracia que tienen los trabajadores argentinos. Para lograrlo hay que hacer extensiva de manera efectiva la tutela de los derechos laborales a la mitad de los trabajadores que hoy carecen de ella. El Estado debe imponer nuevamente las condiciones para generar empleo registrado, con buenos salarios, con acceso a la seguridad social y con estabilidad. El desafío es grande pero no imposible, ya que aún persiste en la memoria colectiva la obstinada idea de un país con justicia social.


martes, 25 de marzo de 2014

Ganancias: El gobierno aplica la Ley de Convertibilidad.



En pocas semanas culminaran las mayoría de las paritarias que fijaran los aumentos salariales de los trabajadores argentinos, inmediatamente después el Impuesto a las ganancias volverá a recobrar actualidad por el peso que este tendrá sobre los salarios de este año.
Hay que recordar que en agosto del año pasado el gobierno nacional actualizo significativamente el mínimo no imponible (MNI), eximiendo del impuesto a aquellos trabajadores cuyo salario no haya superado los 15000 pesos mensuales, ajustando el MNI un 20% para aquellos que superaran esa cifra y manteniéndolo igual para quienes ganen más de 25000 pesos de salario bruto mensual.
Pero si acabamos de decir que hace 7 meses se produjo un ajuste inédito del MNI ¿porque el tema cobra nuevamente actualidad? Sencillamente porque lo que ha hecho el gobierno no fue más que un parche, que desvirtúa el sentido de este tributo y que posterga los problemas sin resolverlos.
El principal problema que hoy tiene el impuesto es que desde hace 14 años no se actualizan las escalas del Art. 90, siendo que dichas escalas son esenciales para determinar dos cosas de la obligación tributaria: quien paga y cuánto paga. Para que el lector sepa, dichas escalas deben ser actualizadas anualmente utilizando para ello el índice de precios mayoristas elaborado por el INDEC, según lo establece taxativamente el Art. 25 de la ley de impuesto a las ganancias.
Es decir que el Estado Nacional hace 14 años que viola el art. 25  de la ley del impuesto a las ganancias obteniendo con dicho accionar un claro beneficio: aumenta la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto y recauda más.
Ahora los lectores se preguntaran ¿en que se basa el Estado Nacional para no cumplir la ley? La respuesta es la siguiente: El Estado no actualiza la tabla porque se ampara en las leyes que dieron origen sustento legal a la Convertibilidad de Domingo Cavallo y que prohíben en sus artículos 10 de la ley 23928 y  39 de la ley 24073 todo tipo de “indexacion”.
Seguramente los lectores se habrán sorprendido por la respuesta, muchos se desayunaran con que todavía hay aspectos de la convertibilidad que siguen vigentes, como esta ficción de prohibir al Estado actualizar escalas tributarias como si la inflación no fuera un hecho público y notorio de la realidad económica de los últimos 14 años. También causará sorpresa que sea el gobierno nacional, que se dice crítico de Domingo Cavallo,  quien aplica aspectos residuales de la ley de convertibilidad para perjudicar a los trabajadores.
Para concluir voy a mencionar los perjuicios que trae para los trabajadores la no actualización de las escalas del art. 90 de la ley de impuesto a las ganancias: 1)  niega el derecho al ajuste por inflación; 2) Para calcular el impuesto la AFIP solo toma el valor nominal del salario y no el valor real del mismo, al no descontar la inflación, considera que los trabajadores son más ricos con cada aumento salarial. 3) Un trabajador que gana más de 25000 pesos mensuales de salario bruto paga una alícuota del 35% sobre la ganancia neta sujeta a impuesto,  ¡igual que una empresa multinacional¡ siendo ello un atentado contra el principio de capacidad contributiva que consagra nuestra constitución nacional.
Como en un juego de tenazas el salario queda atrapado entre dos variables, mientras por un lado la inflación cercena su poder de compra, por otro lado es el impuesto a las ganancias el que lo poda al no actualizar las escalas y el MNI.
Todos estos “parches” tributarios tienen como consecuencia que paguen más impuestos los que menos tienen, casualmente uno de los dogmas ocultos del modelo neoliberal que impulsaron Cavallo & Cia en los 90 y que el actual gobierno no ha modificado, más allá de los discursos.
Es por ello que el impuesto a las ganancias recobra actualidad cuando se discuten paritarias y cada vez que se anuncia la inflación. Esto hace necesario una reforma del impuesto a las ganancias que permita, entre otras cosas, el respeto al derecho al ajuste por inflación y la actualización automática de las escalas y del MNI. Ojala se avance, para abandonar el dogma neoliberal en temas tributarios y respetar el principio de capacidad contributiva.

viernes, 21 de febrero de 2014

Para que algo cambie, algo tiene que cambiar

Reproduzco una interesante nota de Patricio Nusshold que fue publicada en La Nación. Es una mirada sobre como cambiar el trabajo, aspecto cada vez mas importante donde se pone en discusión hasta donde el trabajo es considerado un derecho humano y hasta donde los empleadores creen que pueden someter a maltratos a los trabajadores durante la jornada laboral. 
abajo va el link y la nota completa.
http://www.lanacion.com.ar/1664671-para-que-algo-cambie-algo-tiene-que-cambiar

No hay posibilidad de transformar el trabajo o la dinámica de un equipo de trabajo si ninguna de las personas que integran el equipo, sea jefe o alguno/s de los miembros del equipo, no quiere que así suceda. Si no hay una demanda, un pedido de uno o varios miembros de un equipo, no hay transformación posible.
Casi todos sabemos qué nos gustaría que cambie en nuestro trabajo y qué podríamos hacer para generar mejores resultados y sentirnos mejor o correr menos riesgo de enfermarnos o tener un accidente. Podemos dar vuelta sobre ello en la intimidad de nuestros pensamientos, hablarlo con colegas en la hora del almuerzo o esperando el transporte rumbo a casa, o incluso compartirlo con nuestras familias en la cena o en las vacaciones.
Sin embargo, poder hablar de lo que nos gustaría que cambie en un espacio donde alguna pista de transformación se abra es otra cosa.
El mundo del trabajo es el mundo de la dominación del hombre sobre el hombre. Por eso en muchos espacios de trabajo no es posible hablar. O al menos no es posible hablar de aquello que creemos que sería bueno hablar para cambiar, para poder sentirnos mejor o incluso conseguir mejores resultados (dos fines no necesariamente contrapuestos).
Aquellos que estén dispuestos a correr el riesgo de hablar sobre lo que querrían transformar en su espacio de trabajo o incluso aquellos que corren el riesgo de escuchar a quienes quieren transformar el modo en que se trabaja corren el riesgo de ser excluidos del colectivo de pares o ser vistos como vagos, perezosos o conflictivos. Esto se debe a múltiples condicionantes que van desde aspectos sociológicos ligados a la dominación hasta estrategias de defensa inconscientes para poder evitar pensar en aspectos del trabajo que no podríamos soportar si los nombrásemos.
Nuestra historia de esclavitud, inmigración de muchos de nuestros abuelos en la pobreza desde países en guerra o en la miseria y las dictaduras, definitivamente no ha contribuido a que la primera opción para resolver nuestros problemas en América latina sea pensar juntos.

CORRER EL RIESGO

Hablar, entonces, y escuchar también implican correr un riesgo. Un riesgo ineludible e inevitable para cambiar el mundo.
Hay lugares de trabajo donde el riesgo es mayor que otros. Hay lugares más permeables a escuchar y lugares que incluso premian determinadas propuestas de cambio. Hay organizaciones que generan espacios para hablar genuinamente y otras donde se generan espacios donde hacemos como que hablamos, pero quien hable realmente de lo que pasa sigue estando en peligro.
La realidad es que las verdaderas propuestas de cambio que permiten generar saltos cualitativos importantes son riesgosas. Sobre todo porque si salen mal nos responsabilizarán a nosotros y si salen bien posiblemente será mérito de todos. Sin embargo, ninguna persona o equipo que haya cambiado el modo en que se trabaja lo hizo sin correr ese riesgo, sin perder ese equilibrio.
Y al hacerlo probarse a sí mismos que ellos pueden transformar el mundo y en el camino, posiblemente, transformarse a sí mismos.

jueves, 13 de febrero de 2014

Desafíos y límites de las paritarias 2014.

El comienzo de año va a estar signado por el inicio de las negociaciones paritarias, en un marco de crecimiento de los índices inflacionarios y una pérdida importante del poder adquisitivo del salario.
Es importante destacar que la negociación colectiva, es una institución jurídica que nació en el siglo XX al calor de la construcción del Constitucionalismo Social. Según la OIT la negociación colectiva es un “dialogo social eficaz”; siendo el objetivo principal de dicho dialogo “promover el consenso y la participación democrática de los principales interlocutores del mundo del trabajo”.
Es por ello que la negociación colectiva es una herramienta formidable para que las tensiones que existen en el mundo del trabajo, sobre todo las que refieren a la puja distributiva y negociación salarial, tengan un marco en donde encuentren resolución. Es tal la importancia que el Estado le da a la negociación colectiva que le otorga a dichos acuerdos el valor de una ley.
Pero la negociación colectiva produce además efectos sociales importantes, ya que al impactar en la distribución de la riqueza, aporta decididamente en la construcción de una sociedad con justicia social. 
Es de destacar que la negociación colectiva produce un mayor efecto distributivo de la riqueza en la medida que una sociedad se acerca al pleno empleo, que posee bajos índices de trabajo no registrado, y cuando no existe una gran diferencia salarial entre los trabajadores que pertenecen a sectores productivos competitivos, monopólicos o ligados al mercado externo, con aquellos trabajadores pertenecientes a sectores menos competitivos del sistema productivo.
Pero bien diferente es el efecto cuando una sociedad posee una clase trabajadora fragmentada, en la que existen una alta tasa de desocupación, una alta tasa de trabajo no registrado y además existen importantes diferencias salariales entre los trabajadores ligados al sector económico competitivo y el resto. Aquí el  efecto distributivo de la riqueza que se espera de la negociación colectiva es muchísimo menor; y también es menor la capacidad que esta herramienta jurídica posee para disminuir las tensiones sociales y lograr un “dialogo social eficaz”.
Está claro que nuestro país se asemeja al segundo ejemplo, ya que posee entre otras cosas un 15% de desocupación (desocupados más beneficiarios de planes sociales); un 32% de trabajo no registrado (según Ministerio de Trabajo de la Nación) y donde los trabajadores que perciben buenos salarios no superan el 40%.
Esto conlleva a pensar que los resultados de la negociación colectiva que se avecina puedan ser dispares, permitiendo a algunos trabajadores acuerdos salariales que alcancen la inflación, mientras que mas del 50% de la fuerza de trabajo nacional van a tener una perdida enorme en su poder adquisitivo, situación que se va a reflejar luego con mas dureza sobre los trabajadores no registrados, que están por supuesto desprotegidos.
Donde la crisis va a impactar con dureza es en lo jóvenes, que son los nuevos trabajadores que se incorporan año a año al mercado de trabajo. Si en la actualidad el trabajo no registrado entre los jóvenes de 18 a 25 años alcanza el 45% es de esperar que en el transcurso del año este porcentaje aumente, de allí el lanzamiento del Plan Progresar para paliar tímidamente esta situación.
Es por esto que no solo es importante la negociación sectorial que cada gremio realiza con la patronal que le corresponde; sino también la negociación colectiva de carácter general, enarbolando demandas que impliquen una mejora a la mayor cantidad de sectores de la clase trabajadora o por lo menos del sector formal.
En este sentido es positiva la demanda de aumento salarial que consiste en una suma fija que se incorpore en todos los CCT que han realizado tanto desde la CGT como la CTA opositoras.
A dicha reivindicación habría que agregarle un aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por dos razones: la primera es que en la actualidad la suma del SMVM no cubre ni siquiera la canasta básica de indigencia y se coloca lejos  de la definición del Art. 116 de la LCT que establece que el SMVM debe ser tal que: “asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. La segunda razón es que un aumento del SMVM impacta en todos los Convenios Colectivos de Trabajo del país e incluso tiene efectos sobre el salario del trabajo no registrado y precarizado.

Hay que lograr que la negociación colectiva en curso beneficie al conjunto de la clase trabajadora y no solo la parte que posee una fuerte capacidad negociadora, para que los efectos de la crisis no caigan de manera más cruda sobre el sector más débil; y también como una forma de detener la tendencia de fragmentación de la clase trabajadora que se verifica desde la década del 90. De persistir una tendencia sectorial continuara la fragmentación de la clase trabajadora, el “dialogo social eficaz” solo será parcial, y la justicia social será una sueño cada vez mas lejano.

Por Juan Pablo Ruiz

martes, 4 de febrero de 2014

Comparto nota que salio publicada en La Voz del Interior el día 10 de enero.

Producto del acuartelamiento policial, en sólo una noche, cientos de personas, la mayoría jóvenes, salieron en la ciudad de Córdoba y algunas localidades del interior a saquear más de mil comercios.
Vimos emerger una Córdoba oculta y disimulada, muy diferente a la que encontramos todos los días. ¿De dónde salieron esas personas? ¿Nuestra ciudad está llena de delincuentes?
En los saqueos como hecho social se mezcla todo: delincuencia, marginalidad, exclusión, inflación, pobreza, desocupación.
para ver nota completa.