martes, 15 de diciembre de 2015

REFLEXIONES SOBRE LA DESIGNACIÓN VÍA DECRETO DE DOS MINISTROS DE LA CSJN. Por Juan Pablo Ruiz


Para poder saber si el Presidente Macri tiene o no las facultades para designar por decreto a dos Ministros de la Corte debemos remitirnos al art. 99 de la Constitución Nacional, que versa sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo.
El art. 99 en su inciso 4 establece: “4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.”
El requisito de los dos tercios de los miembros presentes del Senado (mayoría agravada) está establecido para que los Ministros de la CSJN surjan por un consenso mayor a la simple mayoría. El criterio utilizado por la Constitución Nacional es muy simple: a mayor consenso mayor imparcialidad o por el contrario a menor consenso mayor parcialidad.
Ahora bien, en el mismo art. 99 pero en el inciso 7 establece: “Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución” (el subrayado me pertenece).
En el inciso 13 establece en el mismo sentido lo siguiente: Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; y por sí solo en el campo de batalla” (el subrayado me pertenece).
Finalmente, en el inciso 19, que es el utilizado por el Presidente Macri para designar en comisión a dos ministros de la CSJN establece: “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
Lo primero que hay que establecer es si un Ministro de la CSJN ejerce un “empleo”, siendo claro que no es así porque es cabeza de uno de los poderes del estado nacional y porque además una relación de empleo esta signada por la subordinación del empleado al empleador. . ¿Sera que Macri cree que los Ministros de la CSJN son empleados?
Si son “empleos”, en cambio, los casos mencionados en los incisos 7 y 13 antes citados, y en ese caso se puede aplicar el inciso 19.
Es por ello que el decreto de Macri es abiertamente inconstitucional porque no sencillamente el poder ejecutivo no puede designar ministros de la CSJN de esa manera, para ello debe cernirse al inciso 4 del mismo art. 99 de la Constitucion Nacional.
Ahora bien, si según el gobierno de Macri la Constitución Nacional previo la posibilidad de designar ministros en comisión y por decreto durante el receso del Congreso ¿Por qué no lo dejo establecido en el inciso 4 que versa sobre el tema? Claramente porque el inciso 19 no se aplica a lo establecido en el 4.  De aceptarlo como cierta la aplicación del inciso 19 estaríamos entronando como valido el principio “a menor consenso mayor parcialidad”.
Concluyo entonces que los Ministros designados no cumplen con el requisito de imparcialidad. ¿Qué imparcialidad puede tener un ministro designado por decreto en comisión y que puede ser removido por otro decreto? Obviamente ninguna.
Pero la CSJN ya expuso un criterio cuando fallo sobre la designación de los conjueces en la causa Aparicio, allí establece entre innumerables planteos que se pueden aplicar al decreto de Macri que: “en efecto, los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objetivo del impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley”.

Por último, me niego rotundamente a exponer sobre la “calidad” o el “curriculum” de los ministros designados a dedo por Macri porque, como sucede con el excelente alumno que decide hacer fraude en un examen violando la buena fe, de nada valen los antecedentes si estas personas aceptan ocupar un cargo tan importante violando la constitución nacional.
Se abre un periodo donde los fallos de la CSJN donde participen directa o indirectamente estos ministros en comision puedan ser tachados de nulos por falta de imparciliadad de los supremos. 

martes, 25 de agosto de 2015

Sobre la legalidad o ilegalidad de los sindicatos policiales. Por Juan Pablo Ruiz. Abogado Laboralista

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El pasado 13 de agosto tuvo lugar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la audiencia de “amicus curiae” en torno al caso del Sindicato Policial Buenos Aires. La misma tuvo por objeto esclarecer los aspectos jurídicos sobre la legalidad o no del mencionado sindicato policial.
Para entrar en el tema diremos que nuestra Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos del derecho a “asociarse con fines útiles” (art. 14 de la CN), y el art. 14 bis sostiene que el “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes…”
Dicho esto intentaremos responder tres preguntas centrales: los policías y penitenciarios ¿deben ser considerados trabajadores?; ¿tienen derecho a asociarse sindicalmente?; y por ultimo: ¿un sindicato policial puede ejercer el derecho de huelga?
Este debate no ha sido sencillo y comenzó a saldarse primeramente en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el Convenios N° 87 sobre “libertad sindical”  y  el Convenio N° 98 sobre “principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva”, que fueran incorporados a nuestro derecho con jerarquía constitucional por imperio del Art. 75 inciso 22 y en numerosas consideraciones del comité de expertos del mencionado organismo internacional.
La recepción de la doctrina de los Convenios de la OIT en el ámbito judicial fue en el Fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en los autos "MINISTERIO DE TRABAJO C/ UNIÓN DE POLICÍAS PENITENCIARIOS ARGENTINA CÓRDOBA 7 DE AGOSTO S/ LEY DE ASOC. SINDICALES", de fecha 18/12/13, donde se ordena al Ministerio de Trabajo la inscripción gremial del Sindicato de Policías de Córdoba.
La doctrina mencionada considera a los agentes policiales y penitenciarios como trabajadores, ya que están sujetos a un vínculo laboral subordinado con un empleador que es el Estado. En coincidencia se manifestó el Vice Ministro de Trabajo de la Nación en la audiencia ante la CSJN cuando reconoció que los “policías son trabajadores”.
Despejado el primer interrogante surge el segundo: ¿tienen los policías derecho a asociarse sindicalmente?
La respuesta del poder político ha sido hasta ahora unánime al considerar ilegal a este tipo de asociaciones profesionales, llegando a la persecución y encarcelamiento de los miembros de los sindicatos policiales y la exoneración de la fuerza con la pérdida de su estado policial. Es decir que el accionar del Estado ha sido suprimir el derecho de “asociarse con fines útiles” que establece la CN a todos los ciudadanos.
Para esta concepción autoritaria, los agentes policiales y penitenciarios “no son sujetos portadores de derechos” sino meros brazos ejecutores del poder estatal. Poder que por su verticalidad no puede ser cuestionado, sino simplemente obedecido independientemente de la “legalidad” de las ordenes impuestas. Ya sea para la comisión de actos lícitos como para actos ilícitos,  como lo es el hecho de “gestionar” el delito o reprimir manifestaciones populares.
Como ya dijimos la respuesta del poder político es abiertamente ilegal ya que el derecho de asociación es un derecho constitucional que solo puede “limitado” por ley pero nunca suprimido, el Estado confunde “restricción de derechos” con “supresión de derechos”. Como agravante no hay ninguna ley que “limite” el derecho de asociación de policías y penitenciaros, por lo que rige el principio: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe” (art. 19 de la CN).
Al parecer la respuesta del poder judicial viene en el sentido contrario y pronto se habilitaría la legalidad de estos sindicatos como ya se pronunció la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el fallo mencionado.
Si la CSJN resuelve la legalidad de los sindicatos policiales será una bocanada de aire fresco en el camino de dotar de derechos laborales a los policías y penitenciarios, que hoy ni siquiera pueden exigir condiciones de trabajo dignas.
Aclarada la condición de trabajadores y el derecho a asociarse sindicalmente, debemos afrontar ahora la tercera pregunta, que es donde aparecen los principales temores de la sociedad: ¿puede un sindicato policial ejercer el derecho de huelga?
Lo primero que diremos es que una cosa es la legalidad de un sindicato y otra son los atributos que esta organización sindical posee. Por ejemplo, en los gremios que nuclean a trabajadores que prestan servicios esenciales para la comunidad solo lo pueden ejercer su derecho de huelga bajo ciertos límites, estableciendo guardias o servicios mínimos. Algo similar debería regir para un sindicato de policías: la prohibición de dejar de prestar el servicio de seguridad a la comunidad y la prohibición absoluta de manifestarse de manera violenta o armada. Debo decir que los temores de la sociedad son fundados y se basan en el miedo a quedar presos de una organización corporativa que ejerce el monopolio de la seguridad y que además tiene la potestad de portan armas. A este temor fundado intento responderle con otra pregunta: ¿no funciona así en la actualidad la institución policial? ¿Que desde las sombras gestiona el delito y que incluso esta inmiscuida con el narcotráfico desde su cúpula misma?
Creo que poniendo límites al derecho de huelga se puede superar este temor y en ese sentido se ha pronunciado la jurisprudencia y las experiencias en otros países.
Insisto en que la legalidad de los sindicatos policiales, con la implementación de límites claros para el ejercicio de sus derechos, puede ser un antecedente importante para abrir una época de democratización real en las fuerzas de seguridad, que no han cambiado demasiado desde la última dictadura. Y cuya transformación-democratización es un requisito indispensable para una verdadera seguridad democrática. Sin dudas es un desafío político, social y cultural importante, ojala estemos a la altura.


lunes, 25 de mayo de 2015

EL CONFLICTO ACEITERO Y LA PELEA POR EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL.


Mientras en el último paro nacional el debate fue monopolizado por reclamos sobre el Impuesto a las ganancias, en la Federación de Trabajadores Aceiteros el debate giro en torno a otro eje: el salario de los que menos ganan.
Lejos de discutir un porcentaje de ajuste salarial exigieron que se cumpla la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo pretendiendo un salario mínimo, vital y móvil (SMVM) según lo establece el Art. 116 de la LCT  y que debe ser la “menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
Según un cálculo realizado por la Universidad Nacional de Rosario, que la Federación Aceitera llevo a la paritaria, dicho salario debe rondar en 15.000 pesos mensuales. La negativa patronal derivo en una huelga por tiempo indeterminado que ya supera los 20 días.
La Cámara de Empresas Aceiteras en un primer momento rechazó la pretensión de los trabajadores  por implicar un ajuste de un 42%. Los trabajadores solicitaron al Ministerio de Trabajo que las Empresas presentaran los balances para saber cuál era la situación económica de las mismas, tal cual lo establece la Ley de Negociación Colectiva. Demás está decir que las empresas se negaron a presentar dicha información, siendo ello una presunción de que podían pagar el aumento; más aún cuando son empresas que facturan miles de millones de pesos y tienen un costo laboral que no supera el dos por ciento de dicha facturación.
Trabada la negociación, y ante las millonarias pérdidas causadas por la huelga, las partes llegaron a un acuerdo: un salario inicial de $14.300 pesos, en un solo tramo, que implica un aumento de un 36%. La sorpresa es que fue el gobierno nacional, a través del Ministro de Trabajo Carlos Tomada, quien se opuso al acuerdo por superar el “techo” impuesto y porque teme que cunda el mal ejemplo.
Más allá de como termine el conflicto, la novedad más importante es que empiezan a surgir representaciones sindicales que plantean la defensa del SMVM; es decir el precio mínimo que debe tener la fuerza de trabajo en nuestro país que garantice a un trabajador una vida digna.
Con la división de la clase trabajadora en cinco centrales sindicales, con el trabajo no registrado llegando al 40%,  tal vez la pelea por el salario mínimo sea la forma de influir en la agenda pública y desde allí construir una unidad en torno a ejes reivindicativos comunes.
Los economistas neoliberales y también los del gobierno les espetan que dicho aumento favorece la inflación; Daniel Yofra, Secretario General de la Federación Aceitera, con una lógica irrefutable les responde con una pregunta:  ¿la plata en manos de los empresarios no genera inflación?
En una sociedad que todavía sostiene como válidos dogmas neoliberales que defienden la rentabilidad empresaria, los trabajadores aceiteros pretenden poner en discusión el salario mínimo, Vital y móvil. Allí reside la fuerza simbólica de esta lucha: pensar primero en los que menos ganan como ejercicio de una solidaridad de clase que por momentos parece olvidada. Bienvenida sea.  


jueves, 7 de mayo de 2015

Reflexión sobre la resolución 3770 de la AFIP

Finalmente se publicó la resolución 3770 de la AFIP que modifico el régimen de ganancias respecto de las deducciones del Art. 23 de la Ley.
Desde el aspecto técnico hay que decir que establece tres escalones de asalariados:
PRIMER CLASIFICACIÓN Aquellos trabajadores que entre enero y agosto de 2013 o enero de 2015 ganaron menos de 15.000 pesos mensuales en bruto. Estos trabajadores están exentos del pago del tributo.
SEGUNDO CLASIFICACIÓN: Aquellos trabajadores que entre enero y agosto de 2013 o enero de 2015 ganaron en bruto mensual entre 15.000 y 25.000 pesos.  En ellos se “crea” una clasificación de cinco escalones. Escalón uno: de 15.000 a 18.000 pesos brutos mensuales; escalón dos: de 18.000 a 21.000 pesos brutos mensuales; escalón tres: de 21.000 a 23.000 pesos brutos mensuales; escalón cuatro: de 23.000 a 24.000 pesos brutos mensuales y escalón cinco: de 24.000 a 25.000 pesos brutos mensuales.
Para ellos hay un ajuste en los montos deducibles por conyugue, hijos y otras cargas que varía de un 45% el escalón más beneficiado (de 15.000 a 21.000) y 25% el menos beneficiado (de 24.000 a 25.000).
Si se toma en cuenta que la inflación acumulada entre agosto de 2013 y enero de 2015 ronda alrededor del 40-43% según mediciones no oficiales, entre las que se destacan las del economista Bein, que es afín a un sector del gobierno, podemos concluir que el ajuste de las escalas se corresponde con la inflación solo para el escalón más bajo, ($15.000 a $21.000), siendo para el resto un ajuste por debajo de la inflación real.
No obstante lo señalado y atento a la enorme presión que ejerce el impuesto a las ganancias sobre esta franja, el ajuste implica una mejora importante, que tal cual dice el gobierno puede redundar entre un 3 a 5% del sueldo “de bolsillo”.
TERCER CLASIFICACIÓN: Aquellos trabajadores que entre enero y agosto de 2013 o enero de 2015 ganaron en bruto mensual de más de $25.000. Para este sector no hay cambios; o sea que no se les reconoce el derecho al ajuste por inflación.

CONCLUSIONES:
A.- El anuncio es importante para el sector alcanzado (entre 15.000 y 25.000) aunque solo el sector que va de 15.000 a 21.000 pesos brutos mensuales lo hace en relación a la inflación real registrada entre agosto de 2013 (última reforma) al 1 de enero de 2015 (fecha de vigencia del presente decreto.).
B.- Los trabajadores que superan los 25.000 pesos brutos mensuales va a pagar más, ya que van a saltar de escala (art. 90 LIG) y se van a acercar al 35% de impuesto sobre la ganancia neta. Por ejemplo un trabajador que gana un bruto mensual 30.000 pesos obtiene ganancias anuales por 390.000 pesos; suponiendo que pueda deducir 200.000 pesos anuales, pagara un 35% de los restantes 190.000 pesos. O sea un total anual de 66.000 pesos. Lo que implica una carga de 66.000, o sea unos 5.500 pesos mensuales.
C.- Al igual que sucedió con el decreto 1242 de agosto de 2013, el “sacrificio” fiscal que significa esta actualización de deducciones será “cubierto” con los trabajadores que al 1 de enero de 2015 ganan más de 25.000.
ES DECIR QUE EL IMPUESTO GANA PROGRESIVIDAD HACIA EL SECTOR QUE VA DESDE 15.000 A 25.000 Y GANA REGRESIVIDAD HACIA EL SECTOR QUE GANA ENCIMA DE 25.000.

Ultima conclusión:

Sin dejar de reconocer la mejora salarial que significara para los trabajadores que alcanza la presente reforma, creo que es otra oportunidad perdida para discutir un sistema tributario realmente progresivo, que tiene que tener a mi entender los siguientes pilares:
1.- Restitución del impuesto a la herencia derogado por Martínez de Hoz durante la dictadura militar
. Este impuesto es sumamente progresivo porque alcanza a las grandes fortunas. De esta manera se podrá gravar al 10 % de la población más rico que se lleva año a año el 35% de los ingresos nacionales y que es propietaria del 50% de la riqueza del país.
2.- Gravar con el impuesto a las ganancias a la renta financiera y las actividades extractivas como la minería a cielo abierto. Actualización de las escalas del Art. 90 de la LIG.
3.- Derogación del IVA para los alimentos y artículos de primera necesidad. Tenemos el IVA más alto del mundo y eso es lo más regresivo de nuestro sistema impositivo.
4.- La sanción de una verdadera Ley de Impuesto a los Ingresos que sustituya el impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría. Porque EL SALARIO NO ES GANANCIA.


lunes, 4 de mayo de 2015

Primeras reflexiones sobre los cambios realizados en el impuesto a las ganancias.


En primer lugar hay que decir que la información todavía no está completa ya que falta tener a mano la publicación del Boletín Oficial del día de mañana.
La reforma anunciada por el Ministro de Economía no implica un cambio en las escalas del art. 90, ya que para hacer eso tienen que enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación, quien es quien tiene el facultad de realizar tal reforma.
Aclarado ello, la reforma anunciada alcanza solamente a aquellos trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos brutos mensuales. Es decir que quedan fuera más de la mitad del 11 % que es alcanzado en la actualidad por el impuesto.
Si bien para la mayoría de los trabajadores el sueldo de 25.000 pesos bruto mensual es alto, hay que tener en cuenta que,  en ciertos sectores económicos y ciertas regiones geográficas como la patagónica, dicho salario bruto es “normal”. No obstante el 7% de los trabajadores registrados alcanza hoy esa cifra, seguramente cuando culminen las paritarias 2015 serán un poco más, tal vez el 10%.
Es importante aclarar que quienes en el 2013 ganaban más de 25.000 pesos mensuales en bruto, ya se habían quedado afuera de la actualización del mínimo no imponible del 20%. Con lo que para este sector no hay cambios desde hace más de 2 años. Dato importante si se tiene en cuenta que son quienes están viendo aumentar el peso proporcional del tributo sobre su salario y que con ese aumento “financian” los aumentos a los otros sectores. Como ejemplo estos contribuyentes pagaban en 2013 un promedio de 0,7 salarios mensuales en concepto de impuesto a las ganancias, mientras que hoy pagan 1,9 salarios mensuales.
Hay que tener en cuenta que con la reforma del 2013 (que exceptuó a de aquellos que ganaban menos de 15.000 pesos mensuales en bruto y una actualización del 20% de las deducción para aquellos que ganaban entre 15.000 y 25.000 pesos mensuales en bruto); el gobierno nacional logro disminuir la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto (de 2,6 millones a 1,1 millones) sin embargo logró que la recaudación aumente levemente. O  sea que quienes quedaron dentro del tributo pasaron a pagar el doble, casi siempre porque saltaron de escala en la tabla del Art. 90 de la LIG.
Por lo que el anuncio alcanza a aquellos que ganan menos de 25.000 pesos en bruto mensual, otorgándoles un ajuste sustancial en el peso del tributo. Como mencione no es un cambio de las escalas ni del sistema que regula el Impuesto a las ganancias, sino que actualiza las deducciones solo para los trabajadores alcanzados.
Es importante y a la vez llamativo el hecho de que el gobierno muestra el porcentaje de aumento de bolsillo que la reforma implica (del 3% al 6 % según salario y cargas de familia); ello es porque piensa la reforma como un aumento salarial que otorga el Estado y por el cual el gobierno pretende que dichos porcentajes se “resten” de los porcentajes de aumento salarial que reclaman los gremios en las paritarias de este año.  Allí radica la verdadera intención del anuncio: destrabar las paritarias en un porcentaje cercano al 24%.
Conclusión.
Es una actualización importante para un porcentaje de trabajadores que están alcanzados por el impuesto (aquellos que ganan hasta 25.000 pesos mensuales en bruto).
No es una modificación de las escalas.
Tiene como objeto influir para que las paritarias cierren cerca del 24%, siendo el Estado el que hace el “sacrificio” restante. Sin dudas al gobierno le preocupa el cierre de las paritarias y ademas que no se generalice el conflicto sindical con los trabajadores organizados.
Quienes ganan más de 25.000 pesos en bruto mensual pagaran este año lo mismo o más según lleguen al último escalón de las tablas del Art. 90.
El Estado seguramente disminuirá su recaudación en este rubro, pero será hasta que cierren las paritarias 2015 donde seguramente iguale o aumente lo recaudado por la cuarta categoría.
Esta medida, al igual que los decretos anteriores son arreglos parciales, que van a crear futuras inequidades y que siguen desvirtuando la coherencia del Impuesto a las Ganancias. Como perlita hace 15 años que no se actualizan las escalas.
Dudas. Entre las dudas queda saber si el decreto del año 2013 que eximio a aquellos que ganaban menos de 15.000 pesos mensuales en bruto seguirá vigente o si la nueva reforma lo deroga.





martes, 31 de marzo de 2015

Ganancias por cloacas. Por Juan Pablo Ruiz.

Motiva esta reflexión las palabras que la Presidenta de la Nación realizara en un acto en La Matanza, Provincia de Buenos Aires el mismo día de un paro nacional contundente que puso en discusión muchos temas, entre los cuales se destaca el impuesto a las ganancias sobre el salario.
Dijo la Presidenta de la Nación "Hacen un paro porque tal vez tengan que dar un poquito de su sueldo para otros compañeros, jubilados, para hacer redes cloacales“.
Lo primero que se me ocurre pensar es en la lógica que intenta imponer la presidenta enfrentando a trabajadores con trabajadores. No es cierto que las cloacas o las políticas sociales deban ser financiadas por los trabajadores registrados, incluso eso alimenta la mirada discriminatoria de aquellos trabajadores que equivocadamente dicen que lo que pagan de impuesto es “para mantener los planes sociales”. El debate que introduce la Presidenta es conservador y aporta más en enfrentar entre sí a quienes deberían estar del mismo lado de las demandas.
Otra cosa que me llama la atención es que dichas palabras salen de una persona que ha dedicado su vida a la política y también a acrecentar su fortuna personal. La presidenta es multimillonaria, es propietaria de valiosos inmuebles y empresas, ganó según su última declaración jurada siete millones de pesos en conceptos de renta financiera y además no dona absolutamente nada de su dieta presidencial para ninguna obra de beneficencia. Sus funcionarios, que seguramente aprenden de ella tienen las mismas características. Es a mi entender la antítesis del Pepe Mujica.
Pero lo más grave es que cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, allá por el año 1997 (en plena década neoliberal) firmó el decreto 934 por el cual dispuso: “Considérese no integrantes de la base imponible del impuesto regulado por la Ley N° 20.628 (t.o. 1986) y sus modificatorias, para los agentes dependientes de la Administración Centra, Organismos Descentralizados y Autárquico y Entes Especiales de la Provincia, las remuneración adicionales por dedicación funcional, responsabilidad jerárquica, viáticos, movilidad, gastos funcionales de autoridad superior, dedicación horaria o exclusiva, desarraigo, indemnización por traslado y otros conceptos de similar naturaleza y significado”. Firmado: Dr. Néstor Carlos Kirchner, Gobernador; Arq. Julio Miguel De Vido, Ministro de Economía y Obras Públicas. Decreto 934/97.
Sin entrar a considerar la barbaridad de que un decreto provincial pueda modificar una ley nacional, algo a todas luces ilegal; quiero recordar que en el año 1997 quienes estaban alcanzados por ganancias eran principalmente los funcionarios políticos. En década del noventa imperaba también el criterio de inventar sumas remunerativas y no remunerativas que inflaban los sueldos dejando quieto el salario básico, situación que desfinanció las cajas jubilatorias. Es decir que el presente decreto todos esos conceptos adicionales que eran mas de la mitad del sueldo por aquellos años.
Con lo cual el Ex Presidente Néstor Kirchner firmó un decreto que lo habilitaba a no pagar el impuesto a las ganancias sobre la totalidad de su dieta como Gobernador , como quien dice: firmo una ley a su medida para evadir impuestos.
Ante ello vale preguntarse ¿desde que lugar la presidenta critica a aquellos trabajadores que defienden la integridad de su salario cuando el ex presidente y su actual ministro utilizaron el poder para evadir el impuesto a las ganancias?.
Si en algo fueron coherentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández es que no dudaron en utilizar la representación política que les otorgo el pueblo para sacar ventajas económicas y acrecentar su riqueza personal y familiar.
A mi entender esto los pone más cerca de los lideres liberales como  Roca y sus estancias, Menem y su Ferrari o de María Julia Alsogaray; y por supuesto bien lejos de Juana Azurduy o de Manuel Belgrano.
Va como archivo adjunto el mencionado decreto 934/97.




miércoles, 25 de febrero de 2015

Francisco y el trabajo no registrado. Por Juan Pablo Ruiz. Abogado Laboralista. Autor de “El salario no es ganancia”.


La semana pasada el Papa Francisco sostuvo en la misa de Santa Marta que Si uno va a Misa el domingo y toma la comunión, se le puede preguntar: ¿cómo es la relación con tus empleados? ¿Les pagas en negro? ¿Pagas el salario justo? ¿Pagas las contribuciones para la jubilación?", a lo que agrego: “No puedes hacer ofrendas a la Iglesia a costa de la injusticia que cometes con tus empleados. Este es un pecado gravísimo: es usar a Dios para cubrir la injusticia".
Las palabras del Papa apuntaron al trabajo no registrado o mal llamado “en negro”, verdadero mal social en estos tiempos, donde se priva a millones de trabajadores y trabajadoras de un salario justo, de estabilidad laboral, de aportes jubilatorios y del derecho a la seguridad social.  La magnitud del trabajo no registrado y precarizado incide de manera la fragmentación de la clase trabajadora, en tanto que la amenaza real a perder el empleo, genera un miedo que paraliza y quiebra el ánimo del colectivo. Debilitando las organizaciones sindicales y condicionando a la baja la negociación salarial tanto de los trabajadores registrados como de los no registrados. También los debilita a la hora de exigir y controlar las condiciones seguridad e higiene en el trabajo, siendo ello una de las causas de aumento en los accidentes laborales. Adicionalmente, el hecho de que no se efectúen aportes y contribuciones genera un perjuicio para las arcas del Estado y afecta negativamente al sistema de jubilación. 
Para tener una real envergadura de la situación mencionare que en el año 1983, año de salida de la dictadura militar, el trabajo no registrado era del 26%, creciendo progresivamente hasta llegar en el año 2001 y 2002  a la cifra record del 55% (Crisis de salida de la convertibilidad).
La última cifra divulgada sobre el trabajo no registrado en nuestro país, tanto por el Ministerio de Trabajo de la Nación como por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, es del 33,6 %. Es importante aclarar que en dicha cifra no se contabilizan aquellos trabajadores y trabajadoras que reciben planes sociales, de lo que se deduce que la informalidad es aún mayor. De hecho la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalo en un informe que la informalidad alcanza al 46,8% de los trabajadores en nuestro país, incluyendo aquí a los cuentapropistas que se encuentran por fuera del sistema de seguridad social.
El empleo no registrado se concentra en un 75% en las pequeñas industrias y comercios que tienen menos de 5 empleados. El restante 25% se reparte entre los comercios e industrias que tienen entre 5 y 10 empleados (20%) y aquellas que poseen más de 10 trabajadores (5%).
En la encuesta sobre “Empleo Joven” realizada a fines del año pasado en el conurbano bonaerense por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) surge el escalofriante dato de que solo uno de cuatro jóvenes que trabaja más de 20 horas semanales está registrado, o sea que el trabajo no registrado en los jóvenes llega al 75%.
Entre las causas de dicha extensión se pueden mencionar: la baja productividad de muchos sectores económicos; la falta de un poder de policía efectivo del Estado en el control de los lugares de trabajo; una presión tributaria regresiva que afecta en la misma proporción a las grandes industrias y superficies comerciales y a las Pymes y pequeños comercios; la imposibilidad de dichos trabajadores de organizarse sindicalmente; etc.
Es decir que el conjunto de derechos laborales y sociales que establecen tanto la Constitución Nacional (art. 14 bis), como la Ley de Contrato de Trabajo no llega a tutelar y proteger, a por lo menos, un tercio de los trabajadores y trabajadoras argentinos. Cifra altísima si se tiene en cuenta que venimos de una década con un importante crecimiento económico y donde a pesar de la gran baja lograda en el periodo 2003-2006, se observa un estancamiento desde el año 2007 hasta la fecha.
Por parte del Estado, además de no realizar los controles suficientes, establece tributos y aportes a la seguridad social similares a las pequeñas como a las grandes empresas, poniendo a las primeras ante la disyuntiva de la desaparición por falta de rentabilidad o volcarse a la ilegalidad no registrando a sus trabajadores.
Por su parte en el sector empresarial, existen aquellos que ya tienen una cultura de la informalidad laboral porque son sectores de baja rentabilidad y empresas pequeñas que pueden eludir fácilmente los controles; y también hay aquellos que en busca de una rentabilidad desmedida realizan todo tipo de maniobras para precarizar el empleo; entre las que se destacan la tercerización, los contratos basura y por supuesto el trabajo no registrado.
La situación de precariedad laboral hace que el daño social sea inmenso porque el trabajo deja de ser para los jóvenes de los sectores populares un camino válido, asociado al progreso social e individual y se lo vincula a una mala paga y pocos derechos, con el riesgo de despido siempre latente; exponiéndolos a falsas opciones como el narcotráfico y el delito.
En este marco cobran valor las palabras enunciadas por el Papa Francisco, ya que para encontrar una solución hay que lograr una masa crítica importante que impulse acuerdos sociales y políticos amplios y logre políticas de estado de mediano y largo plazo. Partiendo de la necesidad  de garantizar a los trabajadores no registrados el goce de su derecho a asociarse y organizarse de forma libre y democrática.
Después de 30 años, el trabajo no registrado y precarizado es una  de las grandes deudas de la democracia con la clase trabajadora.