miércoles, 25 de febrero de 2015

Francisco y el trabajo no registrado. Por Juan Pablo Ruiz. Abogado Laboralista. Autor de “El salario no es ganancia”.


La semana pasada el Papa Francisco sostuvo en la misa de Santa Marta que Si uno va a Misa el domingo y toma la comunión, se le puede preguntar: ¿cómo es la relación con tus empleados? ¿Les pagas en negro? ¿Pagas el salario justo? ¿Pagas las contribuciones para la jubilación?", a lo que agrego: “No puedes hacer ofrendas a la Iglesia a costa de la injusticia que cometes con tus empleados. Este es un pecado gravísimo: es usar a Dios para cubrir la injusticia".
Las palabras del Papa apuntaron al trabajo no registrado o mal llamado “en negro”, verdadero mal social en estos tiempos, donde se priva a millones de trabajadores y trabajadoras de un salario justo, de estabilidad laboral, de aportes jubilatorios y del derecho a la seguridad social.  La magnitud del trabajo no registrado y precarizado incide de manera la fragmentación de la clase trabajadora, en tanto que la amenaza real a perder el empleo, genera un miedo que paraliza y quiebra el ánimo del colectivo. Debilitando las organizaciones sindicales y condicionando a la baja la negociación salarial tanto de los trabajadores registrados como de los no registrados. También los debilita a la hora de exigir y controlar las condiciones seguridad e higiene en el trabajo, siendo ello una de las causas de aumento en los accidentes laborales. Adicionalmente, el hecho de que no se efectúen aportes y contribuciones genera un perjuicio para las arcas del Estado y afecta negativamente al sistema de jubilación. 
Para tener una real envergadura de la situación mencionare que en el año 1983, año de salida de la dictadura militar, el trabajo no registrado era del 26%, creciendo progresivamente hasta llegar en el año 2001 y 2002  a la cifra record del 55% (Crisis de salida de la convertibilidad).
La última cifra divulgada sobre el trabajo no registrado en nuestro país, tanto por el Ministerio de Trabajo de la Nación como por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, es del 33,6 %. Es importante aclarar que en dicha cifra no se contabilizan aquellos trabajadores y trabajadoras que reciben planes sociales, de lo que se deduce que la informalidad es aún mayor. De hecho la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalo en un informe que la informalidad alcanza al 46,8% de los trabajadores en nuestro país, incluyendo aquí a los cuentapropistas que se encuentran por fuera del sistema de seguridad social.
El empleo no registrado se concentra en un 75% en las pequeñas industrias y comercios que tienen menos de 5 empleados. El restante 25% se reparte entre los comercios e industrias que tienen entre 5 y 10 empleados (20%) y aquellas que poseen más de 10 trabajadores (5%).
En la encuesta sobre “Empleo Joven” realizada a fines del año pasado en el conurbano bonaerense por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) surge el escalofriante dato de que solo uno de cuatro jóvenes que trabaja más de 20 horas semanales está registrado, o sea que el trabajo no registrado en los jóvenes llega al 75%.
Entre las causas de dicha extensión se pueden mencionar: la baja productividad de muchos sectores económicos; la falta de un poder de policía efectivo del Estado en el control de los lugares de trabajo; una presión tributaria regresiva que afecta en la misma proporción a las grandes industrias y superficies comerciales y a las Pymes y pequeños comercios; la imposibilidad de dichos trabajadores de organizarse sindicalmente; etc.
Es decir que el conjunto de derechos laborales y sociales que establecen tanto la Constitución Nacional (art. 14 bis), como la Ley de Contrato de Trabajo no llega a tutelar y proteger, a por lo menos, un tercio de los trabajadores y trabajadoras argentinos. Cifra altísima si se tiene en cuenta que venimos de una década con un importante crecimiento económico y donde a pesar de la gran baja lograda en el periodo 2003-2006, se observa un estancamiento desde el año 2007 hasta la fecha.
Por parte del Estado, además de no realizar los controles suficientes, establece tributos y aportes a la seguridad social similares a las pequeñas como a las grandes empresas, poniendo a las primeras ante la disyuntiva de la desaparición por falta de rentabilidad o volcarse a la ilegalidad no registrando a sus trabajadores.
Por su parte en el sector empresarial, existen aquellos que ya tienen una cultura de la informalidad laboral porque son sectores de baja rentabilidad y empresas pequeñas que pueden eludir fácilmente los controles; y también hay aquellos que en busca de una rentabilidad desmedida realizan todo tipo de maniobras para precarizar el empleo; entre las que se destacan la tercerización, los contratos basura y por supuesto el trabajo no registrado.
La situación de precariedad laboral hace que el daño social sea inmenso porque el trabajo deja de ser para los jóvenes de los sectores populares un camino válido, asociado al progreso social e individual y se lo vincula a una mala paga y pocos derechos, con el riesgo de despido siempre latente; exponiéndolos a falsas opciones como el narcotráfico y el delito.
En este marco cobran valor las palabras enunciadas por el Papa Francisco, ya que para encontrar una solución hay que lograr una masa crítica importante que impulse acuerdos sociales y políticos amplios y logre políticas de estado de mediano y largo plazo. Partiendo de la necesidad  de garantizar a los trabajadores no registrados el goce de su derecho a asociarse y organizarse de forma libre y democrática.
Después de 30 años, el trabajo no registrado y precarizado es una  de las grandes deudas de la democracia con la clase trabajadora.