viernes, 16 de septiembre de 2016

LOS CAMBIOS ANUNCIADOS EN GANANCIAS




Como en una película, mostrando solo algunas partes para generar suspenso, el gobierno nacional va mostrando la reforma a la Ley de Impuesto a las Ganancias. Ahora es el Ministro Prat Gay quien explicitó algunos elementos y sobre ellos aventuraré a realizar un breve análisis.
Cuestiones previas.
El 12% de los trabajadores registrados están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, (en 2014 llego al 26%); y más del 65% abonan lo correspondiente a las tres categorías más altas de las escalas del art. 90, con retenciones sobre la ganancia sujeta a impuesto del 27, 31 y 35 por ciento respectivamente. Es decir que el 65% de los trabajadores registrado abonan su aguinaldo y un poco más por este impuesto.
De lo recaudado por el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, el 64% se reparte entre la Nación y las Provincias, de allí que los gobernadores les ordenen a sus diputados y senadores que se hagan los distraídos con este tema.
De lo dicho por el Ministro Prat Gay se deduce lo siguiente:
A.- La extorsión del MNI: El mínimo no imponible se actualizará el año que viene un 17%, casualmente el mismo porcentaje de la inflación proyectada en el presupuesto y el mismo porcentaje que el gobierno propone como techo de la paritaria salarial. Pueden ver lo que dijo Stuzeneger acá. Es decir que si los gremios pactan por encima de 17%, el Estado se va a llevar parte de dicho aumento por el impuesto a las ganancias.
B.- Modificaran las Escalas: Aquí el Ministro fue un poco enigmático, dijo que se va a bajar la alícuota del primer escalón de la escala del 9 al 5%. Ya vimos que menos de 10% de los trabajadores están incluidos en dicha escala. Lo otro que anuncio fue que el piso monetario de la escala pasaría de 10.000 pesos a 40.000 pesos. Si bien parece mucho es insuficiente y digo porque: en el año 2001 el piso de 10.000 pesos equivalía a 10.000 dólares estadounidenses. Hoy un piso actualizado debería arrancar en 150.000 pesos argentinos. Tengan en cuenta que es el resultado de 16 años de inflación. O sea que si bien es una actualización importante, es claramente insuficiente y va a tener como consecuencia que todos los trabajadores que hoy pagan el impuesto a las ganancias lo sigan haciendo.
La otra noticia es que se va a crear un último escalón en las escalas del Art. 90 y que va a tener una alícuota del 40%. Es decir que los trabajadores que están alcanzados en dicha escala van a pagar proporcionalmente más. Este es un punto rescatable ya que es el único gesto de "progresividad tributaria" que a mostrado el gobierno.
C.- El impacto de la reforma: tal vez lo peor del impacto de la reforma es que no va a cambiar nada, a lo sumo va a disminuir la presión tributaria sobre aquellos que están alcanzados por las escalas más bajas, presión que va a aumentar una vez que cierren paritarias en 2017. Lo malo es que aquellos que pagan mucho lo van a seguir haciendo. Al igual que el Ex Ministro Kichiloff lo que se busca es que lo que se pierde de recaudación por la actualización del Mínimo no Imponible y ahora con la actualización de las escalas, se recupere con los aumentos salariales y con el aumento de la presión tributaria sobre el 65% de los trabajadores alcanzados por este impuesto.
Como conclusión debo señalar que en épocas de recesión nadie quiere (Provincias y nación) resignar recursos y mucho menos en un marco donde los empresarios presentes en el “Mini Davos” pidieron que les bajen los impuestos. Es decir que vamos a un sistema tributario más regresivo donde los más ricos (el 20% de la población que se lleva el 50% del PBI) abona proporcionalmente menos impuestos que el 80% restante de los argentinos.
Hasta ahora hemos visto un Estado rápido y generoso para eximir a las mineras de retenciones, a pesar que tirar cianuro por lo menos una vez al año en nuestros ríos; rápido para bajar el 5% de las retenciones agropecuarias; y más rápido para garantizar una renta financiera a los bancos con las LEBAC que le dan un 30% anual sin invertir ni correr riegos, y por supuesto sin pagar impuesto a las ganancias. Ni hablar con el Blanqueo que premia a los evasores eximiéndolos de pagar impuestos y de ser perseguidos por sus delitos. Un hermoso canto a la impunidad.
El presidente Macri no va cumplir con su compromiso de campaña, aquellos trabajadores y trabajadoras que lo votaron puede recordar su promesa  acá.

Parece que el sistema tributario nacional de Macri va a ser aún más regresivo que el actual y  esta película de suspenso se va transformando poco a poco en una de terror. El problema en todo caso es que Macri no es Alfred Hitchcock ni Prat Gay es Stephen King.

viernes, 2 de septiembre de 2016

SURGEN BRISAS DE REFORMA LABORAL.





Por Juan Pablo Ruiz. Abogado laboralista.

A los dirigentes de las Centrales Obreras argentinas les sobran motivos de preocupación. A la extensa recesión económica que destruye puestos de trabajo y aumenta la precariedad laboral; y a una inflación interanual que toco un techo del 45% llevándose los ajustes salariales de las paritarias, se le suma la ofensiva del gobierno de realizar cambios en las leyes que regulan las relaciones laborales en nuestro país.
Como una suave brisa, se manifestó como una expresión de  deseo de los economistas cercanos al gobierno, luego continuó con editoriales de los medios más importantes del país o que se manifestó cuando el Presidente de la Nación les pidió a los trabajadores que no pongan “palos en la rueda”. Esa suave brisa ha tomado fuerza en las palabras que viene pronunciado  el Ministro de Trabajo de la Nación.
Si bien los cambios propuestos hacen rememorar a los proyectos de flexibilización laboral impulsados en los años 90 y en el gobierno de De la Rúa, en la actualidad están motivados por urgencias empresariales un tanto diferentes.
El primer objetivo es cambiar las reglas de la negociación colectiva, permitiendo los “acuerdos particulares por empresa”. Se conoce que la capacidad de negociación de los trabajadores depende en cierto punto de la capacidad de unidad y organización que poseen. Dividir y atomizar esa capacidad de negociación es la forma de lograr “acuerdos nuevos” que dejen sin efecto viejas conquistas laborales.
Otro objetivo, más ambicioso por cierto, es quitarle al Ministerio de Trabajo de la Nación el poder de “homologar” los acuerdos paritarios. En la actualidad el Ministerio es la “autoridad de aplicación” que regula y controla las relaciones laborales, siendo la facultad de “homologación” una especie de poder de veto cuando un acuerdo no respeta las reglas de la negociación colectiva o intenta suscribir acuerdos que no cumplen el piso de derechos consagrados legalmente.
Como lo intentaron con la “Ley Banelco”, también impulsan la extensión del periodo de prueba (que permite al empleador despedir sin indemnización); admitir la figura del contrato a plazo fijo flexible o otras formas de contratación que reduzcan a los trabajadores a meros insumos industriales sometidos al juego de la oferta y la demanda.
Otra idea que ha estado rondando es crear una especie de “Plan de Ahorro”, pero no para adquirir un vehículo, sino para que el trabajador pueda cobrar la indemnización cuando es despedido, dicho plan se financiaría con aportes de los empresarios y de los trabajadores; una especie de “páguese usted mismo el despido”.
Lo que se pretende es reducir a porcentajes marginales el “trabajo estable”, para instaurar relaciones laborales con alta rotación  y flexibilidad, con infimos costos indemnizatorios, con cargas sociales que soporte el Estado y sin ningún ámbito estatal que las controle.
Pero esto no termina aquí, los empresarios también pretenden que las acciones judiciales que tienen por origen accidentes de trabajo sean tramitadas por el Fuero Federal y no por los tribunales del trabajo, especializados en la materia. Con esto pretenden procurarse impunidad para no tener que responder por los accidentes laborales, impunidad garantizada por fallos que rechacen las pretensiones de los trabajadores o por la altísima demora que tendrían estos juicios en ser resueltos.
Lo que se pretende en definitiva es retomar la tendencia de flexibilización y desreglamentación en el mercado de trabajo iniciado en los años 90  y trasladar riesgos empresariales a los trabajadores, que no es otra cosa que erosionar la protección en la regulación laboral.
Si tenemos en cuenta que en la actualidad el 40% de los trabajadores están en calidad de “no registrados”, permitir un marco jurídico que legalice la “alta rotación” en el puesto de trabajo  se traducirá en una mayor precariedad. Precariedad que pretenden a su vez que sea financiada por el Estado mediante la baja de aportes previsionales.
Sostener el lema neoliberal que dice “es mejor cualquier empleo que ningún empleo” es apostar a relaciones laborales que establezcan bajos salarios, el empleo basura y la protección basura.
Nuestra Constitución Nacional establece el “principio Protectorio” en el Art. 14 bis, porque reconoce que el eslabón mas débil en la relación laboral es el trabajador y la trabajadora y por ello necesita protección. El proyecto que el Gobierno Nacional esta esbozando, mediante un uso tramposo del lenguaje y los conceptos jurídicos, pretende convertirlo en letra muerta.

EL protagonismo de los trabajadores y trabajadoras, con sus organizaciones gremiales y sociales deberán arbitrar los medios para que esta brisa pierda fuerza y no se transforme en un viento huracanado que introduzca la “flexibilidad” en el corazón de las relaciones laborales.