domingo, 11 de junio de 2017

APUNTES SOBRE EL CONFLICTO DEL TRANSPORTE URBANO DE CORDOBA


Lo primero que quiero señalar es que la negociación colectiva es el instrumento legal para que trabajadores y empleadores resuelvan sus diferencias y con ello "encausar" el conflicto social o mantener la "paz social". El rol del Estado no es solo poner la mesa “para” la negociación, sino que debe intervenir a los fines de “equilibrar” la disparidad de fuerzas que existen entre las partes.
Dicho esto, que en un plano teórico suena fenomenal, debo señalar que la constitución de la negociación colectiva debe contar con otros elementos previos: el primero es que quienes representan a los trabajadores tengan mandato para ello, o dicho de otra manera que los dirigentes sean representantes de los trabajadores; el segundo elemento a considerar es que cuando el Estado es “poder concedente” ya no tiene un mero rol de árbitro, sino que también posee intereses particulares, como es defender a los usuarios y mantener la paz social. También hay que tener en cuenta el hecho de que el poder de policía del trabajo recae sobre el Estado Provincial y los subsidios que entrega el Estado Nacional al sistema de transporte.
Es decir que la mesa de negociación del conflicto del transporte en córdoba no solo está compuesta por la FETAP y la UTA, sino que tiene otros componentes, a priori la Municipalidad y el Estado Nacional, la primera como poder concedente que fija entre otras cosas el precio del boleto y la otra porque es aquella que distribuye subsidios al sistema de transporte público. Y también el Estado Provincial que posee la facultad de intervenir en el conflicto utilizando el poder de policía de las relaciones del trabajo.
Pero hay una pata más, que son los delegados, que son los representantes de base de los trabajadores, que ante la intervención de la Regional Córdoba por la UTA, reclaman un lugar en la mesa de negociación colectiva.
Es decir que en este breve relato del deber ser, la mesa de negociación debería tener cinco patas: Estado Nacional, Estado Provincial, Municipalidad, FETAP, UTA y los delegados de los trabajadores.
Está claro que la Mesa de negociación no se constituyó de esa manera, situación que agravo el conflicto, a saber:
La FETAP acordó con la UTA nacional un aumento del 8% para este año, dicho acuerdo salarial fue avalado por la Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los delegados rechazaron dicho aumento y con ello cuestionan a la UTA nacional, a los que acusan de no ser los representantes de los trabajadores. Es importante destacar que la intervención de la UTA se comprometió a convocar elecciones en 45 días y el plazo hace meses que venció y el Ministerio de Trabajo de la Nación no hizo nada para que se cumpla.
Es decir que, el reclamo de los delegados tiene dos elementos fuertes: No tienen representantes elegidos por ellos y no aceptan el aumento del 8% hasta diciembre por ser insuficiente. Desde esa base reclaman una mesa de negociación que los incluya.
¿Cual es la respuesta de los otros actores? Lisa y llanamente ningunear a los delegados: la UTA, la FETAP y el gobierno nacional, provincial y municipal les niegan el derecho ser parte dela negociación. Y para ello aumentaron la presión sobre los delegados: El Estado Provincial declaró ilegal la huelga y la FETAP despidió a 80 trabajadores. La respuesta de los delegados es el paro por tiempo indeterminado.
Esto fue hasta el día de hoy, donde Ramon Mestre en su calidad de Intendente de Córdoba , anuncio llamar a Gendarmería Nacional para garantizar que haya transporte público y ratificar que ningún despedido sea reincorporado.
Dicha posición no deja muchas opciones a los delegados: o aceptan su derrota o endurecen la protesta.
Párrafo aparte merecen los dirigentes de UTA nacional a los que no se lo ve muy preocupados ni por el aumento salarial insuficiente ni por los despedidos. UTA nacional solo quiere mantener la intervención hasta garantizar que un representante de UTA nacional sea electo por el voto de los afiliados.
De Ramon Mestre llama la atención su planteo sobre los “Servicios esenciales”, él sabe que la limitación del derecho de huelga es un tema ríspido y que además entra en la esfera de la OIT, por lo que dicho anuncio es una estrategia discursiva. Por otro lado, el Intendente exige sensibilidad social a los empresarios, pero al mismo tiempo ratifica los despidos. ¿no sabe el intendente que los choferes no son empleados de la municipalidad? ¿o el Sr. Intendente habló como si fuera dueño de alguna empresa de transporte?
Está claro que el Intendente desea terminar el conflicto de la siguiente manera: consolidando la intervención de la UTA; sin modificación de la propuesta salarial y desarticulando el cuerpo de delegados. Este objetivo sería compartido tanto por la FETAP, la UTA y el gobierno provincial.

Para concluir quiero decir que todo esto se hubiera resuelto de haber constituido una mesa de negociación salarial con todos los actores involucrados; lo que falla en Córdoba no es la Negociación Colectiva como instrumento, sino la intención deliberada de no conformarla incluyendo a los representantes de los trabajadores, que claro está no es la UTA nacional.
Podemos estar de acuerdo o no con los métodos y la forma que tomaron los trabajadores del transporte en córdoba para llevar adelante el conflicto, pero lo que no debemos dejar pasar por alto es que se atenta contra el derecho de elegir libremente a los representantes sindicales y se quiere imponer un aumento salarial a los choferes que es el mas bajo de todos los sectores.