jueves, 28 de julio de 2016

Apuntes sobre la crisis petrolera. Segunda parte.*


*Por Juan Pablo Ruiz (Abogado Laboralista) y Leandro Moyano (Dirigente del Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut.
El  domingo 31 de julio es un día clave para industria petrolera nacional, y para la región patagonica en particular, ya que venció el acuerdo firmado por las Operadoras Petroleras y las asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores del sector por el cual se garantizaba la estabilidad de los puestos laborales, la inversión y el aporte de Nación.-
Dicho acuerdo venció en un contexto internacional que continua desfavorable, ya que el precio internacional del crudo cayo nuevamente a 40 dolares por barril, perdiendo de esta manera la recuperación que tuvo en el último mes y medio.
Fuera del marco internacional, también han cambiado las reglas del juego en virtud de la política energética del nuevo gobierno que impulsa el Ministro Aranguren y que se sostiene en los siguientes principios:
A) Prefiere comprar gas y petrolero extranjero que extraer el propio. Motiva esta decisión en que el costo de extraer petroleo y gas en el país es mas alto que comprarlo fuera, lo que lo obliga a mantener un precio sostén que subsidie a la industria petrolera. Como contrapartida el Gobierno necesita dolares (alrededor de 5000 millones anuales) para poder adquirir el petroleo y el gas y lo va a hacer mediante endeudamiento externo. Es interesante la decisión del gobierno, que tiene una matriz claramente neo liberal, ya que no contempla entre los "costos" el perjuicio que esta decisión implica para la industria petrolera nacional, con perdida de trabajadores especializados y deterioro de infraestructura, y sumado a ello el importante costo social en la Patagonia Argentina, donde en las provincias de Chubut y Santa Cruz la industria petrolera implica el 60% del PBI.
            B)  El Gobierno impulsa también un cambio geo político que implica comprar gas a Chile (que no es productor de gas sino que lo compra a países productores) y no a Bolivia (que si es productor de gas) aunque sea un 25% mas caro. Esta decisión puede tener graves consecuencias hacia el futuro ya que Brasil puede avanzar en cerrar acuerdos con Bolivia para ser comprador de dicho recurso con cierta exclusividad o prioridad, cerrando así la posibilidad de que nuestro país pueda tener un precio favorable de energía para desarrollar su industria.
C) Por su parte YPF ha tomado la resolución de bajar en la zona patagónica 15 equipos de torre, entre los cuales en su mayoría son de perforación, siendo que cada equipo emplea aproximadamente a 250 trabajadores de forma directa e indirecta.  Dicha decisión pone en riesgo 7.000 puestos de trabajo. Traerá como consecuencia que al detenerse la perforación va a caer la producción, situación que va a afectar la tan remanida ”soberanía energética”. 
D) Como consecuencia de la decisión mencionada el Gobierno ha autorizado a importar 15 barcos de petroleo para abastecer las refinerías que producen los combustibles que proveen al mercado interno. Dichas compras han beneficiado principalmente a la Empresa Shell (5 barcos) que casualmente es la empresa de donde proviene el Ministro y de la cual posee miles de acciones.
E) Como parte de la política energética que señalamos el Ministerio de Trabajo de la Nación ha impulsado un ”Procedimiento de Restructuración Productiva del sector Petrolero" mediante la Resolución N° 365/16, que no es otra cosa que impulsar una “Flexibilización laboral” del sector. Dicha negociación, obligatoria para empresas y sindicatos, vence el próximo 9 de agosto, sin que se logre avanzar en acuerdos significativos aun, sobre todo por que las Operadoras petroleras se niegan  a garantizar la cantidad de puestos de trabajo actual. Las empresas y el Ministerio manifiestan en dichas reuniones que sobran 8.500 trabajadores en la industria petrolera, pero sin denunciar ni abrir sus libros contables de las empresas ni exhibir sus balances, impidiendo al Estado y a los trabajadores conocer el impacto real del costo de mano de obra en precio de producción del barril de crudo. Dicha negociación no esta exenta de provocaciones como la suspensión de 200 trabajadores cuando la ley exige que no se alteren las condiciones laborales mientras la negociación esta vigente.
F) Entre las consecuencias de la nueva política energética nos encontramos con que desde la Cuenca del Chubut se exporto un 26% mas en este ultimo semestre que igual periodo del 2015,  implicando ello un nuevo récord, impulsado por la necesidad de las Operadoras de mantener el nivel de facturación, por la imposibilidad de abastecer las refinerías nacionales que ya tienen un stock garantizado de petroleo por la compra de petroleo importado, y la posibilidad de que el gobierno quite el subsidio al precio sostén.
G) Otro aspecto a señalar es la decisión del Gobierno Nacional de quitar los incentivos para los puertos patagónicos, dicha decisión tiene un repercusión directa en el aumento del crudo nacional, y limitara la exportación de empresas como Pan American Energy y Tecpetrol, principales exportadoras del país, lo que inevitablemente se traducirá en menos producción, por ende menos equipos perforando, y MAS TRABAJADORES SIN TRABAJO. Los gobernadores de Chubut, Río Negro y Santa Cruz han pedido al gobierno que de un paso atrás en esta medida.
H).- Tampoco se puede dejar de mencionar que las Operadoras Petroleras se vieron beneficiadas por la devalucación del 60% realizada en diciembre 2015. Sobre todo teniendo en cuenta que su facturación es en dolares y que el “costo laboral” es en “pesos”. Es decir que los salarios  tuvieron una disminución real en dolares importante por dicha devaluación, mas teniendo en cuenta que la paritaria salarial acordó aumentos escalonados desde julio 2016.
A modo de conclusión (provisoria):
La situación descrita nos hace concluir que la industria petrolera nacional se dirige a un escenario caracterizado por los siguientes elementos:
1.- Falta de incentivos fiscales para la producción nacional de petroleo, vía subsidios, precio sostén, etc; implicando ello un política de compra de energía en el exterior.
2.- Caída de la Producción del gas y el petroleo convencional, principalmente en la zona de la Cuenca de San Jorge.
3.- Perdida de la Soberanía Energética y aumento de la dependencia de la importación de crudo. Y también la venta al exterior a bajo precio de nuestro recursos petroleros.
4.- Quiebra de las empresas que constituyen el eslabón mas débil de la industria petrolera (Pymes y empresas que prestan servicios accesorios)
5.- Concentración de la industria en las empresas mas poderosas.
6.- Un seguro clima de convulsión y crisis social en la patagonia y conflicto sindical de envergadura que involucra no solo a los sindicatos sino también a la sociedad civil.

Ante este escenario complicado, los trabajadores petroleros se verán necesariamente empujados a elaborar un plan de lucha que logre la unidad de toda la comunidad para impedir el avance de las políticas descritas, que son tan dañinas para la Industria y la comunidad de la Cuenca del Golfo de San Jorge. Como dice Don Atahalpa Yupanqui  ha llegado la hora de "aguantar con el lomo lo que se dice con el pico”.

domingo, 1 de mayo de 2016

¿Para quién gobierna Macri? Reflexiones después del 29 de abril.



  

Ya pasaron unos días y es un buen momento para hacer un balance de lo sucedido tras el acto de las centrales obreras el pasado 29 de abril. Como ya se ha dicho mucho me referiré a como la convocatoria sindical logró dañar el discurso que el gobierno venía instalando en la sociedad.
Acuerdo con Martin Rodríguez quien sostiene que “el macrismo lleva gobernados sus cinco primeros meses en función de quienes lo votaron en las PASO y no tanto para la mayoría del balotaje” (leer nota http://revistacrisis.com.ar/notas/la-marcha-de-la-resistencia-sindical).
Me interesa la afirmación de Martin Rodríguez porque se sostiene sobre una afirmación que no está enunciada y es que el plan económico y las medidas de gobierno benefician a un sector minoritario de la población y perjudican a la mayoría. Por su parte el gobierno afirma lo contrario: este plan es para ordenar el país, es “sincerar la economía para que vuelva a crecer”, e incluso Macri habla de que “el gobierno anterior creo empleo inútil”. Por eso la pregunta que domina la disputa social se puede centrar en la siguiente: ¿Para quién gobierna Macri? Desde el gobierno dicen que lo hacen “para la gente”, desde la oposición dicen que lo hacen para los ricos, los poderosos, las minorías, etc.
Para poder intentar responder el interrogante planteado debemos decir previamente que en los sectores populares las cosas no estaban tan bien el final del gobierno de Cristina. La inflación y el desempleo eran contenidos por un gran gasto social dirigido precisamente a aminorar los costos sociales del estancamiento económico.
Sobre esa situación socialmente vulnerable el nuevo gobierno implementó un plan de ajuste con el propósito de ordenar las variables económicas para que la economía despegue. Sacó el cepo, arregló con los fondos buitres, salió del default, achicó el Estado, aumentó las tasas al 38 % anual, ajustó de tarifas, etc.  Además, tomó medidas para beneficiar al campo y a la minería con la baja de retenciones. El mensaje quedo claro: para que la economía funcione hay que ganar la confianza de los mercados, todo muy noventista.
Pero el costo social de dicho paquete es muy alto, en los barrios populares se acabaron las changas, la construcción se freno por completo, y la inflación se acelera ante un gobierno que se definió “enemigo de los controles de precios”. Como contrapartida los trabajadores y jubilados reciben migajas: aumento del seguro de desempleo a 3000 pesos y una “ayuda” a los jubilados de 500 pesos.
Esta situación intenta ser tapada con un poderoso cerco mediático que pone en los casos de corrupción del gobierno anterior el centro de atención. Pero a pesar del cerco la pregunta ¿Para quién gobierna Macri? se sitúa en el centro de disputa de sentido de la sociedad. Los gremios, políticos opositores, la izquierda y también Cristina, cada uno con sus palabras comienzan a dar e imponer su respuesta: Macri gobierna para los capitalistas, los ricos, los poderosos, etc. Llegamos a fines de marzo donde la oposición comienza a compartir el diagnostico, aunque la alta imagen positiva del gobierno muestra que eso todavía no es compartido por la mayoría social.
En ese camino se dieron dos hechos importantes en Abril: el primero de una magnitud menor y limitada pero que tuvo mucha adhesión de los sectores medios: el boicot a los supermercados en contra de la inflación; y el segundo de una gran magnitud que fue el multitudinario acto encabezado por las centrales sindicales en contra los despidos. En esta perspectiva fue acertado el discurso de los dirigentes sindicales que repitieron que esto no era contra el gobierno “sino en defensa propia”, “contra sus políticas” o como dijo Moyano: para que a los trabajadores “se los respete”.
Las diferentes magnitudes de estos dos hechos: una desde las redes sociales y otra desde las calles, dieron envergadura a la respuesta que ya se venía sintiendo desde un nuevo “nosotros” integrado por los sectores medios, los trabajadores y los humildes. El “nosotros” que surgió en abril dijo que Macri no los favorece con sus políticas, sino que gobierna para los ricos.
El gobierno tiene temor a que esa respuesta se sedimente en la sociedad.  Algo de eso le dijo Lilita Carrió a Macri el fin de semana cuando expreso su miedo a que se repita lo de la Alianza.
Como dije al principio, la multitud del 29 de abril le dio un duro golpe al discurso del gobierno.  Macri está obligado a definir que entiende por “gente”, y si veta la ley anti despidos dará una respuesta que tendrá graves consecuencias.
La disputa de sentido ingresa en una etapa de mayor equilibrio. Si el gobierno la pierde será la antesala de un mayor conflicto social y de una derrota electoral en 2017.

  

martes, 23 de febrero de 2016

Macri y ganancias: Crónica de un anuncio que no fue. Por Juan Pablo Ruiz.




Finalmente, se publicó el decreto que modifica las deducciones del impuesto a las ganancias. Esto ocurrió cinco días después que el Presidente de la Nación hiciera el anuncio frente a una numerosa delegación de dirigentes sindicales que fueron invitados a tal fin.
Siempre comenzando por la buena noticia diré que se han actualizado las deducciones previstas en el Art. 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG) de manera importante: Como ejemplo diremos que el concepto de ganancia no imponible, que es anual, paso de $ 15.552 a $42.318. También se actualizo la deducción anual de cargas de familia, que paso a $42.318; la deducción anual por hijo que se actualizo a $19.889; mientras que la deducción anual por cónyuge se actualizo a $39.778. todas las actualizaciones de las deducciones mencionadas han sido importantes pues implican un ajuste en el orden de más 150%; pero veremos que no impactan de la misma manera a la hora de quienes deben o no tributar ganancias.
De esta manera, los conjuntos de deducciones dan la resultante de un nuevo mínimo no imponible que se ubica en $25.000 pesos mensuales para una persona casada/o con dos hijos y en $18.880 para los soltero/as. Si tomamos en cuenta que los que ganaban menos de $15.000 pesos entre enero y agosto del 2013, luego de dos años y medio donde la inflación fue por lo menos del 60%, la actualización fue del 25% para los soltero/as y de alrededor del 65% para los casado/as con dos hijos.
Pero en el mismo decreto viene la primer mala noticia: el gobierno dispone la derogación del Decreto N° 1.242 de fecha 27 de agosto de 2013, por lo cual todos aquellos trabajadores y jubilados que estaban exentos de pagar ganancias porque percibieron menos de $15.000 mensuales entre enero y agosto de 2013 a partir de este año: ¡vuelven a pagar! Es decir que el gobierno de Macri, en lugar de emparejar derechos hacia arriba lo hizo hacia abajo, derogando dicha exención. El resultado es que se va ampliar la cantidad de trabajadores que van a volver a tributar ganancias.
La segunda mala noticia es que estas actualizaciones rigen a partir del 1° de enero de 2016 por lo cual el impacto de las paritarias sobre el salario no ira directo al bolsillo, sino que una buena parte va a ir al Estado. La retención del Estado oscilara entre el 27% al 35% de lo que se obtenga por aumento salarial entre aquellos trabajadores casado/as con dos hijos que ganan más de $25.000 pesos mensuales y aquellos trabajadores soltero/as que ganan más de 18.880 mensuales. Situación que va a volver a generar tensiones en el mundo del trabajo teniendo en cuenta la alta inflación prevista para este año.
La ultima mala noticia la dio el propio presidente: las escalas no se van a tocar hasta el año 2017, por lo que se mantendrá la ficción de que entre el año 2000 y el año 2016 no ha habido inflación, y la AFIP computara como un crecimiento de “riqueza” los aumentos salariales de los últimos 16 años.
En conclusión, el anuncio presidencial no solo no es un avance, sino que es un claro retroceso en la demanda de los trabajadores que sostienen que “el salario no es ganancia”.

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viernes, 19 de febrero de 2016

MACRI, ABAD, Y GANANCIAS. CLAVES PARA COMPRENDER UN ANUNCIO PRESIDENCIAL. (válido hasta que se publique en el Boletín Oficial)


Debo decir que escribir lo que opino sobre el enuncio que realizo el Presidente Mauricio Macri sobre el Impuesto a las ganancias me ha costado más de lo previsto.
En primer lugar, porque el anuncio no vino acompañado por el texto del decreto que debe publicarse en el boletín oficial, ¡y también porque en el boletín oficial no se ha publicado nada! Veremos el lunes próximo.
En segundo lugar, por la poca claridad a la hora de exponer la propuesta realizada por Macri, lo único que quedo claro (¿?) era que quienes ganan menos de $ 30.000 pesos brutos mensuales no pagan ganancias, lo que no queda claro es en qué fecha se debe ganar menos de ese dinero, si antes o después de las paritarias.
Para despejar un poco más las dudas cosas apareció el Director de AFIP, Alberto Abad, quien detallo que 180 mil trabajadores quedaran exentos del pago de ganancias porque no superan el nuevo piso de 30 mil pesos brutos mensuales. También anunció que aquellos que perciben un sueldo mensual bruto mayor de 30 mil pesos tendrán un aumento en las deducciones de la cuarta categoría (deducción especial más deducción por hijo, conyugue, etc) de aproximadamente un 160 %, pero……cuando el Congreso de la Nación apruebe dicho proyecto que aún no ha ingresado en el Congreso de la Nación por estar el mismo en receso. Supongo que el congreso va a aprobar dicho proyecto porque beneficia a todos (incluidos los diputados y senadores) y tendrá un rápido tratamiento. Pero en concreto Abad anuncio unos lindos cuadros de algo que se va a resolver cuando el Congreso lo sancione, es decir que mostró un conjunto de buenas intenciones.
Y llegamos al tema de las escalas del artículo 90 que hace 16 años que no se actualizan, yo entendí del Director de la AFIP que este tema se iba a tratar con el proyecto que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso, pero el presidente dijo que este año no se iban a actualizar las escalas. O sea que se van a actualizar (si cumple su palabra) solo con 17 años de atraso, nada grave teniendo en cuenta que casi no tenemos inflación (es una ironía por supuesto).
La falta de publicación del decreto y la certeza de que las paritarias va a ser mayores al 30% nos llevan a concluir que las mejoras en las deducciones como la elevación del piso a 30 mil pesos brutos mensuales van a tener un impacto menor al anunciado y a lo mostrado en esos lindos cuadros que anuncio el director de la AFIP.
Como conclusión creo que es desprolijo hacer un anuncio de algo que no tiene instrumento legal y que incluso debe ser aprobado por otro poder el Estado como es el Congreso de la Nación. Se parece más a una propuesta para que los gremios acuerden un techo de paritarias menor al que anuncian, algo de eso se observa en las idas y vueltas que tiene la paritaria docente, donde el gobierno ofreció un 40% y ahora dice que fue un malentendido.
Ampliaremos cuando salga publicado el boletín oficial.




viernes, 22 de enero de 2016

APUNTES SOBRE LA CRISIS PETROLERA.




La región patagónica viene recibiendo el impacto desde el año 2014 de la crisis petrolera mundial. Dicha crisis se centra en la caída sin precedentes del precio del barril de petróleo, que paso en solo un año de cotizar 100 dólares el barril a cotizar 29 dólares en enero de 2016, con lo que el precio actual es un 30% del valor de fines del año 2014, mostrando dicho precio una elasticidad inédita. Dicha caída, que obedece a causas que analizaremos a continuación, ha tensado las relaciones entre todos los sectores que involucra la industria petrolera nacional, a saber: Estado Nacional, Estados Provinciales, Municipios, Operadoras Petroleras, empresas petroleras y por supuesto los trabajadores petroleros que solo en la zona del Golfo de San Jorge (Provincia de Chubut) suman más de 18.000.

Las causas de la crisis.

Mucho se ha escrito sobre cuál es la causa de la caída del precio internacional del barril del petróleo, ante lo cual hay que decir que no existe una sola causa, sino que son muchas las causas que han confluido en la actual crisis, señalare las más importantes: A) Aumento de la Oferta; B) Estancamiento de la demanda; C) Apreciación del Dólar Estadounidense; D) Decisiones geopolíticas.

A.- Aumento de la Oferta. El alto precio del barril ha incentivado el desarrollo tecnológico para la extracción de los recursos no convencionales, más conocidos como “fracking” por el nombre de la técnica de extracción, o como “shale gas” o “shale oil” o gas de “esquisto” por el nombre del tipo de yacimiento donde está el recurso. Hasta el momento el único país que ha logrado desarrollar de manera extensiva la extracción de los recursos no convencionales es EE.UU, principal consumidor del mundo, y por la cual ha aumentado sus reservas disponibles y alcanzaría prontamente la “autosuficiencia petrolera” (el 15% de la producción de gas y petróleo de los EE.UU es hoy extraída mediante fracking). Las técnicas para extraer el recurso, que en argentina está concentrado en Vaca Muerta, es mucho más costosa que la extracción en los yacimientos convencionales, por lo que el desarrollo de estos pozos petroleros no convencionales solo es posible económica y financieramente si el precio del barril se encuentra por encima de los 80 dólares.
El alto precio del barril durante 4 años provoco también un aumento de la oferta por el incremento de la producción de petróleo y gas convencional en países que no pertenecen a la OPEP (Organización de Países Exportadora de Petróleo), que sumado al fracking provocaron un aumento de la oferta que no fue acompañado por el aumento de la demanda. También incide en la sobreoferta mundial la incorporación de Irán al mercado mundial petrolero en virtud de que EE.UU retiro a dicho país del “eje del mal” y el mayor aumento de la producción en Irak.
Es por ello que la abrupta caída del precio del petróleo y del gas tiene como consecuencia retrasar las inversiones para desarrollar el fracking en EE.UU y el resto del mundo y retiraría del mercado petrolero a países que no son petroleros pero que producen petróleo, como es el nuestro, que tienen costos de producción más altos.

B.- Estancamiento de la Demanda. Entre las causas que producen el estancamiento de la demanda se puede mencionar el estancamiento del crecimiento económico mundial, y la crisis económica europea, que desde la crisis financiera del 2008 no ha podido recuperarse y cuyo Banco Central llego al 2014 exhausto por el costo del rescate de las economías de España, Portugal, Grecia, Italia y Francia. Cabe destacar que la Unión Europea importa el 80 % del gas y el petróleo que consume, y un precio alto impacta decididamente en los costos de sus productos, quitándoles competitividad frente a los productos de EE.UU y Asia. Una baja tan pronunciada del precio de la energía a impactado positivamente en la economía europea, aliviando sus cuentas y mejorando la competitividad de sus industrias, pero todavía no impactado en un crecimiento económico que aumente la demanda de manera considerable. Sin dudas ha existido una presión importante de Europa para la baja del precio que se manifiesta en la actualidad, operada principalmente por Arabia Saudita que es el principal miembro de la OPEP y el más importante exportador de petróleo y gas del mundo. Otra causa es el menor crecimiento de China y el estancamiento del crecimiento de los países en desarrollo.

C.- Apreciación del Dólar Estadounidense. Al parecer los EE.UU ya han superado la crisis financiera que se produjo en el año 2007 y como consecuencia de ello la Reserva Federal ha abandonado la política de tasas negativas y de devaluación del dólar respecto del otras monedas. En el año 2015 han aumentado la tasa de interés y “apreciado” el dólar respecto del Euro. Cada apreciación del Dólar tiene consecuencias sobre el costo de las inversiones petroleras (que son millonarias) y también sobre la demanda global ya que implica un encarecimiento del Petróleo para los países importadores, situación que deprime aún más la demanda global.

D.- Por ultimo señalare la causa más importante: Decisiones geopolíticas. El petróleo es una industria que maneja recursos que solo las economías de los países desarrollados pueden igualar. Tiene como actores a los países productores nucleados en la OPEP, a las principales economías del mundo que son los principales consumidores, los principales bancos y a cinco corporaciones petroleras que concentran la extracción y producción del mismo. El flujo de los recursos petroleros impacta de lleno en las economías de todos los países, y una baja tan brusca es determinante para muchas economías nacionales.
La decisión de los países árabes de vender mucho y a bajo costo, incluso por debajo del costo de producción, trae consecuencias políticas en Venezuela y Rusia (también en Ecuador), situación que cuenta con el visto bueno de los EE.UU que quiere condicionar los gobiernos de Rusia y  Venezuela.
Los países árabes tienen como propósito aumentar su cuota de mercado mundial ya que el precio alto del barril no solo ha permitido desarrollar el fracking sino que ha incorporado a nuevos países a la producción y comercialización del Petróleo y el Gas, provocando que la OPEP sufra una baja en la participación del mercado mundial. Es importante mencionar que la OPEP está integrada por once países productores del Petróleo que poseen el 81 % de las reservas mundiales y que de los países americanos solo Venezuela y Ecuador la integran. Es importante citar el informe realizado por la FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y AMBIENTAL[i] que dice: “El argumento empleado para justificar la medida era que la OPEP necesitaba hacer frente al aumento de la producción ajena al cartel, especialmente a la de light tight oil (LTO) en Estados Unidos, y que la solución a los bajos precios era, paradójicamente, permitir que estos continuaran cayendo, para así forzar la retirada del mercado del petróleo de fracking, y de otros con elevados costes de producción. Se trataba, en suma, de retirar la “subvención” que los precios altos suponen para la extracción de los petróleos más caros y de dejar que el mercado se corrigiera por sí solo. Una decisión que, sin duda, marca un cambio radical en la política del cartel, que lanzaba a los mercados la señal de que la OPEP (en realidad Arabia Saudita) estaba más interesada en el mantenimiento de su cuota de producción que en la defensa de un determinado precio del barril”.
Sostiene más adelante el mismo informe: “La firmeza de este compromiso también fue claramente explicitada en una entrevista concedida a principios de enero al Middle East Economic Survey por el ministro del petróleo saudita, Ali Ibrahim Al-Naimi, al afirmar que con unos costes de producción de tan solo 4-5 dólares por barril, el reino estaba dispuesto a esperar hasta que los productores menos eficientes -léase las compañías implicadas en la explotación de los petróleos no convencionales de Norteamérica, así como las que trabajan en el pre-sal de Brasil y en diversas zonas de Rusia- cedan buena parte de su cuota de mercado, aunque para ello, Arabia Saudita experimentara un déficit en sus presupuestos y tuviera que recurrir a los préstamos. En la misma entrevista, Al-Naimi afirmó que “si los precios caen, otros sufrirán enormemente antes de que nosotros experimentemos daño alguno”, reiterando que la OPEP no estaba interesada en recortar su producción y que, en esta tesitura (como ya se ha comentado en páginas precedentes) resultaba irrelevante que el precio del barril cayera a 60, 40 o 20 dólares por barril”.
Si comparamos la baja del Petróleo y el Gas con la baja de otros “comodities” como la Soja, el trigo o el Maíz, que también son afectados por el estancamiento de la demanda global, el bajo crecimiento económico mundial y la apreciación del dólar estadounidense, vemos que estos otros productos disminuyeron sus precios entre un 20 y un 30% de la cotización que tenían en el año 2014. Situación que no se compara con la caída del 70% del precio del petróleo, y que se debe a que entre las mencionadas causas de la crisis petrolera la determinante es la decisión geopolítica de los países árabes y las principales economías del mundo (EE.UU y Europa) de avalar un precio por debajo de los costos de producción que ponga en crisis a los países productores no afines a las potencias como Rusia y Venezuela y que concentre en pocos actores la producción petrolera mundial.
Es decir que la OPEP, encabezada por Arabia Saudita que posee los costos por barril más bajos del mundo, está ofreciendo petróleo “al costo” con la intención de destruir la competencia y hacerse con el mercado, siendo ello una auténtica política de dumping[ii] y una práctica económica desleal que pone en riesgo la fuente laboral de miles de trabajadores petroleros en los países que producen petróleo pero que no son petroleros como es nuestro caso.
Ante esta situación es importante tener desde el Estado nacional una política energética que ponga en primer lugar la defensa de la Industria petrolera y en particular la defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores petroleros, porque no hacerlo implica dejar a los trabajadores a merced de cuestiones geopolíticas que no tienen que ver con la leyes de la oferta y la demanda (en cuyo caso la caída del precio debería haber sido del 30% como las otras comodities) sino que tienen que ver con prácticas económicas desleales y situaciones geopolíticas ajenos a los intereses de nuestro país.
De manera similar a las políticas que se implementan en otras industrias, como las políticas proteccionistas que benefician desde la industria automotriz hasta la industria del calzado o los laboratorios, es imprescindible que el Estado Nacional implemente políticas de subsidios, precios sostén, etc que proteja la industria petrolera nacional y sobre todo que proteja la estabilidad de los trabajadores petroleros argentinos hasta que en el mercado mundial se abandonen las prácticas de dumping que encabezan los países árabes y las potencias económicas.

LA SITUACIÓN PARTICULAR DE LA CUENCA DEL GOLFO DE SAN JORGE Y LA PROVINCIA DE CHUBUT.

La cuenca del Golfo de San Jorge concentra el 60 % de las reservas de Petróleo y produce el 50 % del petróleo y el 10% del Gas nacional, según el Informe anual elaborado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.
Del Petróleo producido, el 40% se destina al mercado externo ya que no existe en nuestro país la capacidad para refinar el total de lo producido. Cabe destacar que las otras cuencas petroleras, principalmente la de Neuquén (que produce el 40% del Gas y el 30% del petróleo) destinan su producción para el mercado interno.
El Estado Nacional ha establecido un precio sostén para el petróleo y el gas que se comercializa en el mercado interno (cuyos fondos provienen entre otros de la venta de combustibles) establecido en 54,90 dólares el barril, pero como mencionamos dicho precio sostén no alcanza al petróleo que se exporta.
Dicha situación, inequitativa, por cierto, deja expuesto a los trabajadores petroleros que se desempañan en empresas que exportan su producción, a la competencia desleal y la práctica de dumping realizada por los países árabes y las potencias económicas como ya lo describimos y “protege” a aquellos trabajadores que dependen de empresas y operadoras petroleras que destinan lo producido al mercado interno.
Es decir que un trabajador que se desempeña en el Yacimiento el Tordillo, que esta contiguo al Yacimiento de Cerro Dragón, ve peligrar su trabajo por la crisis petrolera mundial, mientras que un trabajador petrolero de Cerro Dragón o uno de Neuquén no corren el mismo riesgo porque el Estado Nacional subsidia dicha producción garantizando un precio sostén por encima del precio internacional porque la misma se destina al mercado interno. Esta situación inequitativa que protege a unos trabajadores y abandona a otros es la que los Sindicatos Petroleros denuncian.
Decimos que deja expuestos a los trabajadores y no a las empresas petroleras (conocidas como operadoras) porque las mismas son sociedades pertenecientes a alguna de las cinco principales petroleras del mundo y tienen capacidad de achicar costos, acceder a financiamiento y esperar que pase la crisis. Quienes no tienen ese respaldo son los trabajadores petroleros y las familias petroleras que quedan expuestas a la desocupación, provocando además un impacto negativo en toda la economía de la región que depende principalmente de la industria petrolera.
Si el Estado Nacional no extiende el precio sostén al petróleo que se exporta implica el despido de 5.000 puestos de trabajo directo, más el doble de despidos en las industrias relacionadas con el petróleo en la cuenca del Golfo de San Jorge.
Además, es importante señalar otras situaciones, el costo de dicho subsidio reclamado es de 350 millones de dólares por año, cifra que puede parecer grande pero que no lo es si se tiene en cuenta cual ha sido el aporte de la industria petrolera de Chubut a las reservas de Banco Central cuando el petróleo cotizaba a 100 dólares el barril y se batían records de producción y exportación (30.000 millones en cinco años). Además de ello, los trabajadores petroleros aportaron al Estado Nacional solo de impuesto a las ganancias unos 70 millones de dólares en el año 2015.
También hay que tener en cuenta que, a fines del presente año, tanto YPF como PAE (Pan American Energy) ampliarían su capacidad de refinación y podrían absorber hasta el 90 % del petróleo que hoy se exporta, por lo que el subsidio reclamado seria solo por un año si la crisis petrolera no se revierte antes.
Es decir que hacer extensivo el precio sostén al petróleo que se exporta, como lo reclama el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, es una medida necesaria para proteger a la industria petrolera nacional y mantener la actividad económica, que entre otras cosas permite al Estado recaudar impuestos y a la región patagónica continuar su desarrollo. Además, implica no hacer diferencias entre los trabajadores petroleros que realizan las mismas tareas y que solo se diferencian por el destino que tiene el petróleo producido.
Si el Estado Nacional se niega a lo reclamado por el Sindicato Petrolero implica adoptar una lógica neoliberal que entiende que los trabajadores son la variable de ajuste de las crisis internacionales y condena a toda una región a una crisis social de graves consecuencias.

 Por Juan Pablo Ruiz. Abogado del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut.  




[i] El Desplome 2014-2015 de los precios del crudo: Causas y previsiones a corto plazo. De Mariano Marzo Carpio. FUNSEAM (Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental)
[ii] Práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado.

martes, 15 de diciembre de 2015

REFLEXIONES SOBRE LA DESIGNACIÓN VÍA DECRETO DE DOS MINISTROS DE LA CSJN. Por Juan Pablo Ruiz


Para poder saber si el Presidente Macri tiene o no las facultades para designar por decreto a dos Ministros de la Corte debemos remitirnos al art. 99 de la Constitución Nacional, que versa sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo.
El art. 99 en su inciso 4 establece: “4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.”
El requisito de los dos tercios de los miembros presentes del Senado (mayoría agravada) está establecido para que los Ministros de la CSJN surjan por un consenso mayor a la simple mayoría. El criterio utilizado por la Constitución Nacional es muy simple: a mayor consenso mayor imparcialidad o por el contrario a menor consenso mayor parcialidad.
Ahora bien, en el mismo art. 99 pero en el inciso 7 establece: “Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución” (el subrayado me pertenece).
En el inciso 13 establece en el mismo sentido lo siguiente: Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; y por sí solo en el campo de batalla” (el subrayado me pertenece).
Finalmente, en el inciso 19, que es el utilizado por el Presidente Macri para designar en comisión a dos ministros de la CSJN establece: “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
Lo primero que hay que establecer es si un Ministro de la CSJN ejerce un “empleo”, siendo claro que no es así porque es cabeza de uno de los poderes del estado nacional y porque además una relación de empleo esta signada por la subordinación del empleado al empleador. . ¿Sera que Macri cree que los Ministros de la CSJN son empleados?
Si son “empleos”, en cambio, los casos mencionados en los incisos 7 y 13 antes citados, y en ese caso se puede aplicar el inciso 19.
Es por ello que el decreto de Macri es abiertamente inconstitucional porque no sencillamente el poder ejecutivo no puede designar ministros de la CSJN de esa manera, para ello debe cernirse al inciso 4 del mismo art. 99 de la Constitucion Nacional.
Ahora bien, si según el gobierno de Macri la Constitución Nacional previo la posibilidad de designar ministros en comisión y por decreto durante el receso del Congreso ¿Por qué no lo dejo establecido en el inciso 4 que versa sobre el tema? Claramente porque el inciso 19 no se aplica a lo establecido en el 4.  De aceptarlo como cierta la aplicación del inciso 19 estaríamos entronando como valido el principio “a menor consenso mayor parcialidad”.
Concluyo entonces que los Ministros designados no cumplen con el requisito de imparcialidad. ¿Qué imparcialidad puede tener un ministro designado por decreto en comisión y que puede ser removido por otro decreto? Obviamente ninguna.
Pero la CSJN ya expuso un criterio cuando fallo sobre la designación de los conjueces en la causa Aparicio, allí establece entre innumerables planteos que se pueden aplicar al decreto de Macri que: “en efecto, los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objetivo del impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley”.

Por último, me niego rotundamente a exponer sobre la “calidad” o el “curriculum” de los ministros designados a dedo por Macri porque, como sucede con el excelente alumno que decide hacer fraude en un examen violando la buena fe, de nada valen los antecedentes si estas personas aceptan ocupar un cargo tan importante violando la constitución nacional.
Se abre un periodo donde los fallos de la CSJN donde participen directa o indirectamente estos ministros en comision puedan ser tachados de nulos por falta de imparciliadad de los supremos. 

martes, 25 de agosto de 2015

Sobre la legalidad o ilegalidad de los sindicatos policiales. Por Juan Pablo Ruiz. Abogado Laboralista

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El pasado 13 de agosto tuvo lugar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la audiencia de “amicus curiae” en torno al caso del Sindicato Policial Buenos Aires. La misma tuvo por objeto esclarecer los aspectos jurídicos sobre la legalidad o no del mencionado sindicato policial.
Para entrar en el tema diremos que nuestra Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos del derecho a “asociarse con fines útiles” (art. 14 de la CN), y el art. 14 bis sostiene que el “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes…”
Dicho esto intentaremos responder tres preguntas centrales: los policías y penitenciarios ¿deben ser considerados trabajadores?; ¿tienen derecho a asociarse sindicalmente?; y por ultimo: ¿un sindicato policial puede ejercer el derecho de huelga?
Este debate no ha sido sencillo y comenzó a saldarse primeramente en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el Convenios N° 87 sobre “libertad sindical”  y  el Convenio N° 98 sobre “principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva”, que fueran incorporados a nuestro derecho con jerarquía constitucional por imperio del Art. 75 inciso 22 y en numerosas consideraciones del comité de expertos del mencionado organismo internacional.
La recepción de la doctrina de los Convenios de la OIT en el ámbito judicial fue en el Fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en los autos "MINISTERIO DE TRABAJO C/ UNIÓN DE POLICÍAS PENITENCIARIOS ARGENTINA CÓRDOBA 7 DE AGOSTO S/ LEY DE ASOC. SINDICALES", de fecha 18/12/13, donde se ordena al Ministerio de Trabajo la inscripción gremial del Sindicato de Policías de Córdoba.
La doctrina mencionada considera a los agentes policiales y penitenciarios como trabajadores, ya que están sujetos a un vínculo laboral subordinado con un empleador que es el Estado. En coincidencia se manifestó el Vice Ministro de Trabajo de la Nación en la audiencia ante la CSJN cuando reconoció que los “policías son trabajadores”.
Despejado el primer interrogante surge el segundo: ¿tienen los policías derecho a asociarse sindicalmente?
La respuesta del poder político ha sido hasta ahora unánime al considerar ilegal a este tipo de asociaciones profesionales, llegando a la persecución y encarcelamiento de los miembros de los sindicatos policiales y la exoneración de la fuerza con la pérdida de su estado policial. Es decir que el accionar del Estado ha sido suprimir el derecho de “asociarse con fines útiles” que establece la CN a todos los ciudadanos.
Para esta concepción autoritaria, los agentes policiales y penitenciarios “no son sujetos portadores de derechos” sino meros brazos ejecutores del poder estatal. Poder que por su verticalidad no puede ser cuestionado, sino simplemente obedecido independientemente de la “legalidad” de las ordenes impuestas. Ya sea para la comisión de actos lícitos como para actos ilícitos,  como lo es el hecho de “gestionar” el delito o reprimir manifestaciones populares.
Como ya dijimos la respuesta del poder político es abiertamente ilegal ya que el derecho de asociación es un derecho constitucional que solo puede “limitado” por ley pero nunca suprimido, el Estado confunde “restricción de derechos” con “supresión de derechos”. Como agravante no hay ninguna ley que “limite” el derecho de asociación de policías y penitenciaros, por lo que rige el principio: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe” (art. 19 de la CN).
Al parecer la respuesta del poder judicial viene en el sentido contrario y pronto se habilitaría la legalidad de estos sindicatos como ya se pronunció la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el fallo mencionado.
Si la CSJN resuelve la legalidad de los sindicatos policiales será una bocanada de aire fresco en el camino de dotar de derechos laborales a los policías y penitenciarios, que hoy ni siquiera pueden exigir condiciones de trabajo dignas.
Aclarada la condición de trabajadores y el derecho a asociarse sindicalmente, debemos afrontar ahora la tercera pregunta, que es donde aparecen los principales temores de la sociedad: ¿puede un sindicato policial ejercer el derecho de huelga?
Lo primero que diremos es que una cosa es la legalidad de un sindicato y otra son los atributos que esta organización sindical posee. Por ejemplo, en los gremios que nuclean a trabajadores que prestan servicios esenciales para la comunidad solo lo pueden ejercer su derecho de huelga bajo ciertos límites, estableciendo guardias o servicios mínimos. Algo similar debería regir para un sindicato de policías: la prohibición de dejar de prestar el servicio de seguridad a la comunidad y la prohibición absoluta de manifestarse de manera violenta o armada. Debo decir que los temores de la sociedad son fundados y se basan en el miedo a quedar presos de una organización corporativa que ejerce el monopolio de la seguridad y que además tiene la potestad de portan armas. A este temor fundado intento responderle con otra pregunta: ¿no funciona así en la actualidad la institución policial? ¿Que desde las sombras gestiona el delito y que incluso esta inmiscuida con el narcotráfico desde su cúpula misma?
Creo que poniendo límites al derecho de huelga se puede superar este temor y en ese sentido se ha pronunciado la jurisprudencia y las experiencias en otros países.
Insisto en que la legalidad de los sindicatos policiales, con la implementación de límites claros para el ejercicio de sus derechos, puede ser un antecedente importante para abrir una época de democratización real en las fuerzas de seguridad, que no han cambiado demasiado desde la última dictadura. Y cuya transformación-democratización es un requisito indispensable para una verdadera seguridad democrática. Sin dudas es un desafío político, social y cultural importante, ojala estemos a la altura.