domingo, 11 de junio de 2017

APUNTES SOBRE EL CONFLICTO DEL TRANSPORTE URBANO DE CORDOBA


Lo primero que quiero señalar es que la negociación colectiva es el instrumento legal para que trabajadores y empleadores resuelvan sus diferencias y con ello "encausar" el conflicto social o mantener la "paz social". El rol del Estado no es solo poner la mesa “para” la negociación, sino que debe intervenir a los fines de “equilibrar” la disparidad de fuerzas que existen entre las partes.
Dicho esto, que en un plano teórico suena fenomenal, debo señalar que la constitución de la negociación colectiva debe contar con otros elementos previos: el primero es que quienes representan a los trabajadores tengan mandato para ello, o dicho de otra manera que los dirigentes sean representantes de los trabajadores; el segundo elemento a considerar es que cuando el Estado es “poder concedente” ya no tiene un mero rol de árbitro, sino que también posee intereses particulares, como es defender a los usuarios y mantener la paz social. También hay que tener en cuenta el hecho de que el poder de policía del trabajo recae sobre el Estado Provincial y los subsidios que entrega el Estado Nacional al sistema de transporte.
Es decir que la mesa de negociación del conflicto del transporte en córdoba no solo está compuesta por la FETAP y la UTA, sino que tiene otros componentes, a priori la Municipalidad y el Estado Nacional, la primera como poder concedente que fija entre otras cosas el precio del boleto y la otra porque es aquella que distribuye subsidios al sistema de transporte público. Y también el Estado Provincial que posee la facultad de intervenir en el conflicto utilizando el poder de policía de las relaciones del trabajo.
Pero hay una pata más, que son los delegados, que son los representantes de base de los trabajadores, que ante la intervención de la Regional Córdoba por la UTA, reclaman un lugar en la mesa de negociación colectiva.
Es decir que en este breve relato del deber ser, la mesa de negociación debería tener cinco patas: Estado Nacional, Estado Provincial, Municipalidad, FETAP, UTA y los delegados de los trabajadores.
Está claro que la Mesa de negociación no se constituyó de esa manera, situación que agravo el conflicto, a saber:
La FETAP acordó con la UTA nacional un aumento del 8% para este año, dicho acuerdo salarial fue avalado por la Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los delegados rechazaron dicho aumento y con ello cuestionan a la UTA nacional, a los que acusan de no ser los representantes de los trabajadores. Es importante destacar que la intervención de la UTA se comprometió a convocar elecciones en 45 días y el plazo hace meses que venció y el Ministerio de Trabajo de la Nación no hizo nada para que se cumpla.
Es decir que, el reclamo de los delegados tiene dos elementos fuertes: No tienen representantes elegidos por ellos y no aceptan el aumento del 8% hasta diciembre por ser insuficiente. Desde esa base reclaman una mesa de negociación que los incluya.
¿Cual es la respuesta de los otros actores? Lisa y llanamente ningunear a los delegados: la UTA, la FETAP y el gobierno nacional, provincial y municipal les niegan el derecho ser parte dela negociación. Y para ello aumentaron la presión sobre los delegados: El Estado Provincial declaró ilegal la huelga y la FETAP despidió a 80 trabajadores. La respuesta de los delegados es el paro por tiempo indeterminado.
Esto fue hasta el día de hoy, donde Ramon Mestre en su calidad de Intendente de Córdoba , anuncio llamar a Gendarmería Nacional para garantizar que haya transporte público y ratificar que ningún despedido sea reincorporado.
Dicha posición no deja muchas opciones a los delegados: o aceptan su derrota o endurecen la protesta.
Párrafo aparte merecen los dirigentes de UTA nacional a los que no se lo ve muy preocupados ni por el aumento salarial insuficiente ni por los despedidos. UTA nacional solo quiere mantener la intervención hasta garantizar que un representante de UTA nacional sea electo por el voto de los afiliados.
De Ramon Mestre llama la atención su planteo sobre los “Servicios esenciales”, él sabe que la limitación del derecho de huelga es un tema ríspido y que además entra en la esfera de la OIT, por lo que dicho anuncio es una estrategia discursiva. Por otro lado, el Intendente exige sensibilidad social a los empresarios, pero al mismo tiempo ratifica los despidos. ¿no sabe el intendente que los choferes no son empleados de la municipalidad? ¿o el Sr. Intendente habló como si fuera dueño de alguna empresa de transporte?
Está claro que el Intendente desea terminar el conflicto de la siguiente manera: consolidando la intervención de la UTA; sin modificación de la propuesta salarial y desarticulando el cuerpo de delegados. Este objetivo sería compartido tanto por la FETAP, la UTA y el gobierno provincial.

Para concluir quiero decir que todo esto se hubiera resuelto de haber constituido una mesa de negociación salarial con todos los actores involucrados; lo que falla en Córdoba no es la Negociación Colectiva como instrumento, sino la intención deliberada de no conformarla incluyendo a los representantes de los trabajadores, que claro está no es la UTA nacional.
Podemos estar de acuerdo o no con los métodos y la forma que tomaron los trabajadores del transporte en córdoba para llevar adelante el conflicto, pero lo que no debemos dejar pasar por alto es que se atenta contra el derecho de elegir libremente a los representantes sindicales y se quiere imponer un aumento salarial a los choferes que es el mas bajo de todos los sectores.

martes, 20 de diciembre de 2016

GANANCIAS. PEGARLE AL DUEÑO PARA QUE APAREZCA EL CHANCHO. *



Finalmente, parece que hubo fumata blanca entre el gobierno y la CGT por el tema del impuesto a las ganancias.
En reglas generales el acuerdo se sitúa entre el proyecto oficial y el proyecto opositor, con la incorporación de una variante importante cual es la modificación de las escalas del Art. 90. Aquí hay que decir que el ajuste es importante, pero es por debajo de la inflación de los últimos 16 años. Por eso solo dejaran de pagar ganancias solamente unos 400 mil trabajadores, de los dos millones que lo hacen actualmente.
Ahora bien, me interesa entrar en el dato político:
Tuvo que darse media sanción en la Cámara de Diputados a un proyecto de ley que gravaba a la renta financiera, para que el gobierno acepte negociar con la CGT un cambio en el impuesto a las ganancias.
Y en coincidencia con los quince años del levantamiento popular del 2001, donde los bancos le quitaron los ahorros a la mayoría de la clase media argentina, el gobierno dejo atrás la preocupación sobre el tamaño del déficit fiscal, que tanto abrumaba a los gurúes económicos y a muchos economistas mediáticos, y salió a defender la rentabilidad de los bancos y los sectores financieros.
Así que, a cambio de retirar que la renta financiera pague impuesto a las ganancias, acepto ampliar su proyecto de ganancias y allí la CGT obtuvo un pequeño logro en la negociación.

Es que en el gobierno de Macri se optó porque el Estado pierda recaudación a costa de no cobrarle a los bancos. Cualquier aparición del “espíritu” de De la Rua por la Casa Rosada es solo obra de los brujos y los supersticiosos….

*el titulo de esta nota se lo robe al gran Diego Genoud.

miércoles, 9 de noviembre de 2016

Elecciones en EE.UU. YO ESTOY AL DERECHO, DADO VUELTA ESTAS VOS.




ADRIÁN vive en Atenas, tiene 50 años y trabajó toda su vida en una pequeña fábrica que produce quesos de cabra, tiene un hijo de 20 años, que estudia en la universidad y que gracias a él trabaja cuatro horas diarias en la misma fabrica para de esa manera pagar sus estudios. Ellos saben que desde que Grecia se sumó a la Unión Europea la situación económica empeoró ya que ingresaron quesos de España y Francia que son más económicos. Si la empresa donde trabaja no vendiera sus productos a los turistas realmente la pasarían muy mal. El Estado Griego ya no otorga becas para que el hijo de Adrián estudie y los trabajos para los jóvenes son altamente precarizados. En las elecciones dejó de votar al PASOK porque ellos prometieron otra Europa y han sido socios a la hora de desmantelar los derechos sociales.
MARIA vive en Madrid, tiene 45 años y es la española media, gana por su trabajo un 24% menos que un hombre que hace el mismo trabajo, tiene diez días de vacaciones, tiene dos hijos y un auto de cinco puertas; y gasta el 60% de su sueldo en la hipoteca de su casa. Siempre voto a los partidos que siembre ganan y hace unos años los políticos le informaron que había vivido por encima de sus posibilidades y que se jubilaría unos años más tarde. Maria participo del 15 M y quiso decirles a los políticos que no estaba de acuerdo. No la escucharon y por eso voto a Podemos.
JOHN es inglés, pero no vive en Londres, sino que es de Warrington, una localidad ubicada entre Manchester y Liverpool. Tiene 25 años y trabaja en un taller de autos, los jóvenes de clase media lo discriminan por ser humilde y trabajador. A los jóvenes como él les dicen “Chavs” y son aquellos que no han triunfado en la Inglaterra de la globalización y los mercados financieros. Para él la Unión Europea solo le trae competidores desleales que les arrebatan los mejores empleos y por eso voto a favor del BREXIT, a pesar de que todos los partidos y los medios decían que había que votar en contra.
LEANDRO vive en Comodoro Rivadavia en la Patagonia argentina, tiene 30 años y trabaja en la industria petrolera. El presidente Macri anuncio que van a liberar el mercado petrolero y por ello debe renunciar a sus derechos laborales. Le explican que un petrolero de arabia saudi gana un 25% de lo que gana él y que un petrolero mexicano la mitad. Le parece raro que, en un país sin soberanía energética, el gobierno prefiera comprar petróleo afuera y no el que se produce en el país, seguramente es un negocio de los bancos. Para competir “hay que ser productivo” le repiten desde las empresas petroleras.
HOLDER vive en Detroit, es policía en una Ciudad en quiebra y a la que le queda poco y nada de su antiguo esplendor como capital mundial del automóvil. Su padre fue obrero en una fábrica automotriz y con ese trabajo pago sus estudios y compro la casa donde viven todos juntos. Es afroamericano, y cree que ya hay demasiados latinoamericanos en su ciudad porque no hay trabajo para todos. Como policía convive cotidianamente con cientos de jóvenes que viven en las calles o edificios ocupados, abandonados a merced de las adicciones y la violencia. En las elecciones decidió cambiar su voto y traicionar la tradición demócrata de su familia y de su ciudad: voto a Trump.
Cada una de estas personas esta parada sobre la grieta que el modelo económico de la globalización neoliberal abrio en la sociedad, donde las clases medias y los trabajadores pierden ingresos y derechos sociales; mientras que las clases altas, ligadas al comercio y al poder financiero aumentan exponencialmente sus riquezas.
Estas personas también han sido testigo de que los partidos políticos que defendían los derechos sociales (PSOK, PSOE; Partido Laborista, Partido Demócrata, etc) se han transformado en impulsores de un capitalismo financiero que debilita los estados nacionales, deroga las leyes laborales y que una y otra vez rescata a los bancos y abandona a sus ciudadanos.
Estas personas ven como desde las usinas mediáticas y culturales de la Socialdemocracia se les achaca ser rebaño de populistas, misóginos, corruptos y cerrados. Aquellos que se auto titulan progresistas nunca los quisieron escuchar y ahora los atacan.
No creo que sea útil hablar solamente de si Pablo Iglesias es populista, Tsipras es comunista o Trump es machista, racista y misógino. Prefiero en cambio señalar que las crisis recurrentes que los países semi-perisfericos tenemos desde hace más de 60 años y los debates acerca de abrir o proteger nuestras economías, han salido de la semi-perisferia y han llegado al centro del mundo económico.
La globalizacion neoliberal destruyo primero las economías y el entramado social en los países más fuertes de américa latina (Brasil, México y Argentina), luego el de los países de la periferia de Europa (España, Portugal, Grecia, Italia) y por último el de los países centrales.
Esta crisis, que se manifestó con la crisis financiera del 2007-2008, fue luego una crisis social que destruyo las expectativas de progreso en las clases trabajadoras; y hoy hace saltar por los aires los sistemas políticos. Es evidente que esta crisis puede salir por distintos lados, como dice Monereo “La “hipótesis Polanyi” siempre entendió que el socialismo como movimiento histórico fue, en muchos sentidos, la respuesta de la sociedad al mercado autorregulado capitalista, pero entendió que el fascismo era también una respuesta de esa misma sociedad”.
La crisis de la globalización capitalista, hegemonizada por el sector financiero, nos ha traído la crisis de representación política más importante de los últimos 100 años. Los pueblos buscarán soluciones, las mismas podrán salir por el lado de la izquierda o podrán salir por derecha como en el caso de Trump; pero difícilmente saldrán desde la socialdemocracia amiga de los financistas y los medios de comunicación.
Si la mayor potencia mundial tiene a un racista como Trump en el gobierno es porque quienes debían representar los intereses de los trabajadores y las clases medias lo han dejado de hacer. Ellos son los responsables de este desastre. A quienes peleamos en contra del neoliberalismo  nos toca intentar comprender los fenómenos políticos antes que salir a atacar a los votantes de Trump. Solo así se podrá combatir a Trump.
No hay que hacer lo que hicieron los Kirchneristas en argentina que atacaron a aquellos que votaron a Macri para no asumir sus responsabilidades después de 12 años de gobierno: como  la corrupción generalizada  o la presencia de dirigentes nefastos como Milani, Boudou, Anibal Fernandez o Picheto.
Esa socialdemocracia, que abandono todas las banderas que le dieron identidad y que vendió a precio de remate el Estado Social del Siglo XX, saldrá espantada por la victoria de Trump a colgar mil etiquetas para señalar lo “atrasados” que son los que se salen del sistema político. Pero la respuesta ya se la dio Luca Prodan “yo estoy al derecho, dado vuelta estas vos”.

Referencias.
1.- la historia de Maria esta sacada de este spot. https://www.youtube.com/watch?v=lQbktY12wf8



jueves, 13 de octubre de 2016

EL COSTO FISCAL DEL BONO DE FIN DE AÑO RONDA LOS 7.500 MILLONES DE PESOS, MENOS DEL 4% DE LO QUE GANO EL SECTOR FINANCIERO CON LAS LEBACS.



Por Juan Pablo Ruiz. Abogado laboralista.

Muchos se preguntaran que tienen que ver el Bono de fin de año de 1.000 pesos que recibirán los jubilados que cobran la jubilación mínima y las Lebacs que semana a semana coloca en el mercado financiero el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Voy a contarles entonces que tienen mucho que ver, porque ambas cosas forman parte de las “decisiones” que toma el gobierno, entendiendo que tomar “decisiones” es tomar “opciones”.
Empecemos por las Lebacs. El BCRA viene ofreciendo bonos a quienes tienen muchos pesos (bancos principalmente) con el propósito de bajar la demanda agregada y con ello bajar el consumo y la inflación. En la segunda quincena de diciembre del año pasado el BCRA adjudico poco más de 40.000 millones de pesos en Lebacs, que se sumaban a un Stock de 250.000 millones de pesos que existían en dicha letra. La tasa de interés que se acordó abonar arrancó en el 38,75 % anual y con idas y vueltas llego a la actual 26,75% anual. Semana a semana el BCRA renovó dicha “letra” entregando otra por igual monto más los intereses respectivos. El monto adjudicado casi siempre coincidió con el monto ofrecido, por lo que casi todos los dueños de Lebacs han renovado sus depósitos semana a semana.
La semana que pasó el BCRA renovó Lebacs por un monto total de $ 90.682 millones de pesos. Alcanzando el Stock de 650.000 millones de pesos. Es decir que el stock acumulado en Lebacs pasó de 250.000 millones de pesos el 9.12.2015 a 650.000 millones de pesos en 11.10.2016 (10 meses). Un crecimiento del 160% que demuestra que prestar pesos al BCRA es un gran negocio, ya que se gana plata sin riesgo alguno.
Al calcular cuánta plata ganan los inversores diremos que en solo 10 meses ganaron alrededor de 30%.  Quien deposito 100 pesos en diciembre de 2015 y los renovó semana a semana hoy tiene 130 pesos libres de impuestos. Aquí es importante recordar que la renta financiera no paga impuesto a las ganancias. Es decir que los miembros de la Patria financiera que compraron lebacs ganaron en 10 meses 195.000 millones de pesos, o dicho de otra manera: 195.000 millones de pesos es el costo que paga el BCRA para inmovilizar dinero para bajar la inflación.
De octubre a diciembre se sumaran unos 57.000 millones de pesos más, con lo que el stock total de Lebacs estará en torno al 700.000 millones de pesos y la rentabilidad de los sectores financieros será de 210.000 millones de pesos.
Ahora vamos al bono de fin de año de 1.000 pesos para los 4,5 millones de jubilados que perciben la jubilación o haber mínimo. El “costo fiscal” es de 4.500 millones de pesos. Poco más de un 2% de lo que ganaron quienes compraron Lebacs.
Respecto de la exención del medio aguinaldo del impuesto a las ganancias que alcanza a los trabajadores que ganan menos de 55.000 pesos mensuales (en bruto) y tiene un tope de 15.000 pesos, abarca a un universo de 800.000 trabajadores. El “costo fiscal” de dicha medida es según el gobierno de 2.500 millones de pesos.
Aquí hay que hacer una aclaración: A fin de cada año la AFIP determina con mayor precisión cuanto es el aporte anual a retener a cada trabajador, por lo general salta de escala y aumenta la alícuota, lo que aumenta el monto a retener por el impuesto. En función de ello, la medida gubernamental “no va a tocar” 15.000 pesos del medio aguinaldo para retener el impuesto a las ganancias, pero si lo va a descontar del salario de diciembre! Con lo que el anuncio es en realidad una eximición que varía entre los 3.000 y los 5.000 pesos anuales de eximición; muy lejos de los 15.000 que anuncia el gobierno.
Es decir, que sumados a los 500 millones del subsidio a la AUH, el costo total del paquete de fin de año ronda cerca de los 7.500 millones de pesos. Que es un 3.6% de lo que gano el sector financiero con las Lebacs.
Esto nos lleva al comienzo de esta nota, sobre las “decisiones-opciones” que toma el gobierno: Si se hubiera modificado la Ley de impuesto a las ganancias para que la renta financiera pague aunque sea un 4% anual, el “costo fiscal” del bono de fin de año no sería tal.
En el mismo sentido cabe la siguiente reflexión: ¿Quién va a invertir en Argentina si puede obtener una rentabilidad altísima y sin riesgos comprando Lebacs?  Teniendo en cuenta que las tasas de interés que se pagan en el mundo por títulos similares son muy bajas o prácticamente nulas.
Si la “política” es una lucha de intereses entre los distintos sectores sociales en pugna, diré que gracias a la política monetaria del BCRA el mecanismo de la bicicleta financiera funciona en su esplendor, y lo obtenido por la CGT unificada es claramente insuficiente.
Por último, solo quiero agregar que existe una base fáctica para que seis de diez argentinos crean que el Presidente Macri gobierna para los ricos. El problema en todo caso es que muchos argentinos todavía creen y tienen la esperanza de que si se deja gobernar a los ricos los beneficios le llegaran al conjunto de la sociedad. 


Referencias:








viernes, 16 de septiembre de 2016

LOS CAMBIOS ANUNCIADOS EN GANANCIAS




Como en una película, mostrando solo algunas partes para generar suspenso, el gobierno nacional va mostrando la reforma a la Ley de Impuesto a las Ganancias. Ahora es el Ministro Prat Gay quien explicitó algunos elementos y sobre ellos aventuraré a realizar un breve análisis.
Cuestiones previas.
El 12% de los trabajadores registrados están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, (en 2014 llego al 26%); y más del 65% abonan lo correspondiente a las tres categorías más altas de las escalas del art. 90, con retenciones sobre la ganancia sujeta a impuesto del 27, 31 y 35 por ciento respectivamente. Es decir que el 65% de los trabajadores registrado abonan su aguinaldo y un poco más por este impuesto.
De lo recaudado por el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, el 64% se reparte entre la Nación y las Provincias, de allí que los gobernadores les ordenen a sus diputados y senadores que se hagan los distraídos con este tema.
De lo dicho por el Ministro Prat Gay se deduce lo siguiente:
A.- La extorsión del MNI: El mínimo no imponible se actualizará el año que viene un 17%, casualmente el mismo porcentaje de la inflación proyectada en el presupuesto y el mismo porcentaje que el gobierno propone como techo de la paritaria salarial. Pueden ver lo que dijo Stuzeneger acá. Es decir que si los gremios pactan por encima de 17%, el Estado se va a llevar parte de dicho aumento por el impuesto a las ganancias.
B.- Modificaran las Escalas: Aquí el Ministro fue un poco enigmático, dijo que se va a bajar la alícuota del primer escalón de la escala del 9 al 5%. Ya vimos que menos de 10% de los trabajadores están incluidos en dicha escala. Lo otro que anuncio fue que el piso monetario de la escala pasaría de 10.000 pesos a 40.000 pesos. Si bien parece mucho es insuficiente y digo porque: en el año 2001 el piso de 10.000 pesos equivalía a 10.000 dólares estadounidenses. Hoy un piso actualizado debería arrancar en 150.000 pesos argentinos. Tengan en cuenta que es el resultado de 16 años de inflación. O sea que si bien es una actualización importante, es claramente insuficiente y va a tener como consecuencia que todos los trabajadores que hoy pagan el impuesto a las ganancias lo sigan haciendo.
La otra noticia es que se va a crear un último escalón en las escalas del Art. 90 y que va a tener una alícuota del 40%. Es decir que los trabajadores que están alcanzados en dicha escala van a pagar proporcionalmente más. Este es un punto rescatable ya que es el único gesto de "progresividad tributaria" que a mostrado el gobierno.
C.- El impacto de la reforma: tal vez lo peor del impacto de la reforma es que no va a cambiar nada, a lo sumo va a disminuir la presión tributaria sobre aquellos que están alcanzados por las escalas más bajas, presión que va a aumentar una vez que cierren paritarias en 2017. Lo malo es que aquellos que pagan mucho lo van a seguir haciendo. Al igual que el Ex Ministro Kichiloff lo que se busca es que lo que se pierde de recaudación por la actualización del Mínimo no Imponible y ahora con la actualización de las escalas, se recupere con los aumentos salariales y con el aumento de la presión tributaria sobre el 65% de los trabajadores alcanzados por este impuesto.
Como conclusión debo señalar que en épocas de recesión nadie quiere (Provincias y nación) resignar recursos y mucho menos en un marco donde los empresarios presentes en el “Mini Davos” pidieron que les bajen los impuestos. Es decir que vamos a un sistema tributario más regresivo donde los más ricos (el 20% de la población que se lleva el 50% del PBI) abona proporcionalmente menos impuestos que el 80% restante de los argentinos.
Hasta ahora hemos visto un Estado rápido y generoso para eximir a las mineras de retenciones, a pesar que tirar cianuro por lo menos una vez al año en nuestros ríos; rápido para bajar el 5% de las retenciones agropecuarias; y más rápido para garantizar una renta financiera a los bancos con las LEBAC que le dan un 30% anual sin invertir ni correr riegos, y por supuesto sin pagar impuesto a las ganancias. Ni hablar con el Blanqueo que premia a los evasores eximiéndolos de pagar impuestos y de ser perseguidos por sus delitos. Un hermoso canto a la impunidad.
El presidente Macri no va cumplir con su compromiso de campaña, aquellos trabajadores y trabajadoras que lo votaron puede recordar su promesa  acá.

Parece que el sistema tributario nacional de Macri va a ser aún más regresivo que el actual y  esta película de suspenso se va transformando poco a poco en una de terror. El problema en todo caso es que Macri no es Alfred Hitchcock ni Prat Gay es Stephen King.

viernes, 2 de septiembre de 2016

SURGEN BRISAS DE REFORMA LABORAL.





Por Juan Pablo Ruiz. Abogado laboralista.

A los dirigentes de las Centrales Obreras argentinas les sobran motivos de preocupación. A la extensa recesión económica que destruye puestos de trabajo y aumenta la precariedad laboral; y a una inflación interanual que toco un techo del 45% llevándose los ajustes salariales de las paritarias, se le suma la ofensiva del gobierno de realizar cambios en las leyes que regulan las relaciones laborales en nuestro país.
Como una suave brisa, se manifestó como una expresión de  deseo de los economistas cercanos al gobierno, luego continuó con editoriales de los medios más importantes del país o que se manifestó cuando el Presidente de la Nación les pidió a los trabajadores que no pongan “palos en la rueda”. Esa suave brisa ha tomado fuerza en las palabras que viene pronunciado  el Ministro de Trabajo de la Nación.
Si bien los cambios propuestos hacen rememorar a los proyectos de flexibilización laboral impulsados en los años 90 y en el gobierno de De la Rúa, en la actualidad están motivados por urgencias empresariales un tanto diferentes.
El primer objetivo es cambiar las reglas de la negociación colectiva, permitiendo los “acuerdos particulares por empresa”. Se conoce que la capacidad de negociación de los trabajadores depende en cierto punto de la capacidad de unidad y organización que poseen. Dividir y atomizar esa capacidad de negociación es la forma de lograr “acuerdos nuevos” que dejen sin efecto viejas conquistas laborales.
Otro objetivo, más ambicioso por cierto, es quitarle al Ministerio de Trabajo de la Nación el poder de “homologar” los acuerdos paritarios. En la actualidad el Ministerio es la “autoridad de aplicación” que regula y controla las relaciones laborales, siendo la facultad de “homologación” una especie de poder de veto cuando un acuerdo no respeta las reglas de la negociación colectiva o intenta suscribir acuerdos que no cumplen el piso de derechos consagrados legalmente.
Como lo intentaron con la “Ley Banelco”, también impulsan la extensión del periodo de prueba (que permite al empleador despedir sin indemnización); admitir la figura del contrato a plazo fijo flexible o otras formas de contratación que reduzcan a los trabajadores a meros insumos industriales sometidos al juego de la oferta y la demanda.
Otra idea que ha estado rondando es crear una especie de “Plan de Ahorro”, pero no para adquirir un vehículo, sino para que el trabajador pueda cobrar la indemnización cuando es despedido, dicho plan se financiaría con aportes de los empresarios y de los trabajadores; una especie de “páguese usted mismo el despido”.
Lo que se pretende es reducir a porcentajes marginales el “trabajo estable”, para instaurar relaciones laborales con alta rotación  y flexibilidad, con infimos costos indemnizatorios, con cargas sociales que soporte el Estado y sin ningún ámbito estatal que las controle.
Pero esto no termina aquí, los empresarios también pretenden que las acciones judiciales que tienen por origen accidentes de trabajo sean tramitadas por el Fuero Federal y no por los tribunales del trabajo, especializados en la materia. Con esto pretenden procurarse impunidad para no tener que responder por los accidentes laborales, impunidad garantizada por fallos que rechacen las pretensiones de los trabajadores o por la altísima demora que tendrían estos juicios en ser resueltos.
Lo que se pretende en definitiva es retomar la tendencia de flexibilización y desreglamentación en el mercado de trabajo iniciado en los años 90  y trasladar riesgos empresariales a los trabajadores, que no es otra cosa que erosionar la protección en la regulación laboral.
Si tenemos en cuenta que en la actualidad el 40% de los trabajadores están en calidad de “no registrados”, permitir un marco jurídico que legalice la “alta rotación” en el puesto de trabajo  se traducirá en una mayor precariedad. Precariedad que pretenden a su vez que sea financiada por el Estado mediante la baja de aportes previsionales.
Sostener el lema neoliberal que dice “es mejor cualquier empleo que ningún empleo” es apostar a relaciones laborales que establezcan bajos salarios, el empleo basura y la protección basura.
Nuestra Constitución Nacional establece el “principio Protectorio” en el Art. 14 bis, porque reconoce que el eslabón mas débil en la relación laboral es el trabajador y la trabajadora y por ello necesita protección. El proyecto que el Gobierno Nacional esta esbozando, mediante un uso tramposo del lenguaje y los conceptos jurídicos, pretende convertirlo en letra muerta.

EL protagonismo de los trabajadores y trabajadoras, con sus organizaciones gremiales y sociales deberán arbitrar los medios para que esta brisa pierda fuerza y no se transforme en un viento huracanado que introduzca la “flexibilidad” en el corazón de las relaciones laborales.

jueves, 28 de julio de 2016

Apuntes sobre la crisis petrolera. Segunda parte.*


*Por Juan Pablo Ruiz (Abogado Laboralista) y Leandro Moyano (Dirigente del Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut.
El  domingo 31 de julio es un día clave para industria petrolera nacional, y para la región patagonica en particular, ya que venció el acuerdo firmado por las Operadoras Petroleras y las asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores del sector por el cual se garantizaba la estabilidad de los puestos laborales, la inversión y el aporte de Nación.-
Dicho acuerdo venció en un contexto internacional que continua desfavorable, ya que el precio internacional del crudo cayo nuevamente a 40 dolares por barril, perdiendo de esta manera la recuperación que tuvo en el último mes y medio.
Fuera del marco internacional, también han cambiado las reglas del juego en virtud de la política energética del nuevo gobierno que impulsa el Ministro Aranguren y que se sostiene en los siguientes principios:
A) Prefiere comprar gas y petrolero extranjero que extraer el propio. Motiva esta decisión en que el costo de extraer petroleo y gas en el país es mas alto que comprarlo fuera, lo que lo obliga a mantener un precio sostén que subsidie a la industria petrolera. Como contrapartida el Gobierno necesita dolares (alrededor de 5000 millones anuales) para poder adquirir el petroleo y el gas y lo va a hacer mediante endeudamiento externo. Es interesante la decisión del gobierno, que tiene una matriz claramente neo liberal, ya que no contempla entre los "costos" el perjuicio que esta decisión implica para la industria petrolera nacional, con perdida de trabajadores especializados y deterioro de infraestructura, y sumado a ello el importante costo social en la Patagonia Argentina, donde en las provincias de Chubut y Santa Cruz la industria petrolera implica el 60% del PBI.
            B)  El Gobierno impulsa también un cambio geo político que implica comprar gas a Chile (que no es productor de gas sino que lo compra a países productores) y no a Bolivia (que si es productor de gas) aunque sea un 25% mas caro. Esta decisión puede tener graves consecuencias hacia el futuro ya que Brasil puede avanzar en cerrar acuerdos con Bolivia para ser comprador de dicho recurso con cierta exclusividad o prioridad, cerrando así la posibilidad de que nuestro país pueda tener un precio favorable de energía para desarrollar su industria.
C) Por su parte YPF ha tomado la resolución de bajar en la zona patagónica 15 equipos de torre, entre los cuales en su mayoría son de perforación, siendo que cada equipo emplea aproximadamente a 250 trabajadores de forma directa e indirecta.  Dicha decisión pone en riesgo 7.000 puestos de trabajo. Traerá como consecuencia que al detenerse la perforación va a caer la producción, situación que va a afectar la tan remanida ”soberanía energética”. 
D) Como consecuencia de la decisión mencionada el Gobierno ha autorizado a importar 15 barcos de petroleo para abastecer las refinerías que producen los combustibles que proveen al mercado interno. Dichas compras han beneficiado principalmente a la Empresa Shell (5 barcos) que casualmente es la empresa de donde proviene el Ministro y de la cual posee miles de acciones.
E) Como parte de la política energética que señalamos el Ministerio de Trabajo de la Nación ha impulsado un ”Procedimiento de Restructuración Productiva del sector Petrolero" mediante la Resolución N° 365/16, que no es otra cosa que impulsar una “Flexibilización laboral” del sector. Dicha negociación, obligatoria para empresas y sindicatos, vence el próximo 9 de agosto, sin que se logre avanzar en acuerdos significativos aun, sobre todo por que las Operadoras petroleras se niegan  a garantizar la cantidad de puestos de trabajo actual. Las empresas y el Ministerio manifiestan en dichas reuniones que sobran 8.500 trabajadores en la industria petrolera, pero sin denunciar ni abrir sus libros contables de las empresas ni exhibir sus balances, impidiendo al Estado y a los trabajadores conocer el impacto real del costo de mano de obra en precio de producción del barril de crudo. Dicha negociación no esta exenta de provocaciones como la suspensión de 200 trabajadores cuando la ley exige que no se alteren las condiciones laborales mientras la negociación esta vigente.
F) Entre las consecuencias de la nueva política energética nos encontramos con que desde la Cuenca del Chubut se exporto un 26% mas en este ultimo semestre que igual periodo del 2015,  implicando ello un nuevo récord, impulsado por la necesidad de las Operadoras de mantener el nivel de facturación, por la imposibilidad de abastecer las refinerías nacionales que ya tienen un stock garantizado de petroleo por la compra de petroleo importado, y la posibilidad de que el gobierno quite el subsidio al precio sostén.
G) Otro aspecto a señalar es la decisión del Gobierno Nacional de quitar los incentivos para los puertos patagónicos, dicha decisión tiene un repercusión directa en el aumento del crudo nacional, y limitara la exportación de empresas como Pan American Energy y Tecpetrol, principales exportadoras del país, lo que inevitablemente se traducirá en menos producción, por ende menos equipos perforando, y MAS TRABAJADORES SIN TRABAJO. Los gobernadores de Chubut, Río Negro y Santa Cruz han pedido al gobierno que de un paso atrás en esta medida.
H).- Tampoco se puede dejar de mencionar que las Operadoras Petroleras se vieron beneficiadas por la devalucación del 60% realizada en diciembre 2015. Sobre todo teniendo en cuenta que su facturación es en dolares y que el “costo laboral” es en “pesos”. Es decir que los salarios  tuvieron una disminución real en dolares importante por dicha devaluación, mas teniendo en cuenta que la paritaria salarial acordó aumentos escalonados desde julio 2016.
A modo de conclusión (provisoria):
La situación descrita nos hace concluir que la industria petrolera nacional se dirige a un escenario caracterizado por los siguientes elementos:
1.- Falta de incentivos fiscales para la producción nacional de petroleo, vía subsidios, precio sostén, etc; implicando ello un política de compra de energía en el exterior.
2.- Caída de la Producción del gas y el petroleo convencional, principalmente en la zona de la Cuenca de San Jorge.
3.- Perdida de la Soberanía Energética y aumento de la dependencia de la importación de crudo. Y también la venta al exterior a bajo precio de nuestro recursos petroleros.
4.- Quiebra de las empresas que constituyen el eslabón mas débil de la industria petrolera (Pymes y empresas que prestan servicios accesorios)
5.- Concentración de la industria en las empresas mas poderosas.
6.- Un seguro clima de convulsión y crisis social en la patagonia y conflicto sindical de envergadura que involucra no solo a los sindicatos sino también a la sociedad civil.

Ante este escenario complicado, los trabajadores petroleros se verán necesariamente empujados a elaborar un plan de lucha que logre la unidad de toda la comunidad para impedir el avance de las políticas descritas, que son tan dañinas para la Industria y la comunidad de la Cuenca del Golfo de San Jorge. Como dice Don Atahalpa Yupanqui  ha llegado la hora de "aguantar con el lomo lo que se dice con el pico”.