viernes, 2 de septiembre de 2016

SURGEN BRISAS DE REFORMA LABORAL.





Por Juan Pablo Ruiz. Abogado laboralista.

A los dirigentes de las Centrales Obreras argentinas les sobran motivos de preocupación. A la extensa recesión económica que destruye puestos de trabajo y aumenta la precariedad laboral; y a una inflación interanual que toco un techo del 45% llevándose los ajustes salariales de las paritarias, se le suma la ofensiva del gobierno de realizar cambios en las leyes que regulan las relaciones laborales en nuestro país.
Como una suave brisa, se manifestó como una expresión de  deseo de los economistas cercanos al gobierno, luego continuó con editoriales de los medios más importantes del país o que se manifestó cuando el Presidente de la Nación les pidió a los trabajadores que no pongan “palos en la rueda”. Esa suave brisa ha tomado fuerza en las palabras que viene pronunciado  el Ministro de Trabajo de la Nación.
Si bien los cambios propuestos hacen rememorar a los proyectos de flexibilización laboral impulsados en los años 90 y en el gobierno de De la Rúa, en la actualidad están motivados por urgencias empresariales un tanto diferentes.
El primer objetivo es cambiar las reglas de la negociación colectiva, permitiendo los “acuerdos particulares por empresa”. Se conoce que la capacidad de negociación de los trabajadores depende en cierto punto de la capacidad de unidad y organización que poseen. Dividir y atomizar esa capacidad de negociación es la forma de lograr “acuerdos nuevos” que dejen sin efecto viejas conquistas laborales.
Otro objetivo, más ambicioso por cierto, es quitarle al Ministerio de Trabajo de la Nación el poder de “homologar” los acuerdos paritarios. En la actualidad el Ministerio es la “autoridad de aplicación” que regula y controla las relaciones laborales, siendo la facultad de “homologación” una especie de poder de veto cuando un acuerdo no respeta las reglas de la negociación colectiva o intenta suscribir acuerdos que no cumplen el piso de derechos consagrados legalmente.
Como lo intentaron con la “Ley Banelco”, también impulsan la extensión del periodo de prueba (que permite al empleador despedir sin indemnización); admitir la figura del contrato a plazo fijo flexible o otras formas de contratación que reduzcan a los trabajadores a meros insumos industriales sometidos al juego de la oferta y la demanda.
Otra idea que ha estado rondando es crear una especie de “Plan de Ahorro”, pero no para adquirir un vehículo, sino para que el trabajador pueda cobrar la indemnización cuando es despedido, dicho plan se financiaría con aportes de los empresarios y de los trabajadores; una especie de “páguese usted mismo el despido”.
Lo que se pretende es reducir a porcentajes marginales el “trabajo estable”, para instaurar relaciones laborales con alta rotación  y flexibilidad, con infimos costos indemnizatorios, con cargas sociales que soporte el Estado y sin ningún ámbito estatal que las controle.
Pero esto no termina aquí, los empresarios también pretenden que las acciones judiciales que tienen por origen accidentes de trabajo sean tramitadas por el Fuero Federal y no por los tribunales del trabajo, especializados en la materia. Con esto pretenden procurarse impunidad para no tener que responder por los accidentes laborales, impunidad garantizada por fallos que rechacen las pretensiones de los trabajadores o por la altísima demora que tendrían estos juicios en ser resueltos.
Lo que se pretende en definitiva es retomar la tendencia de flexibilización y desreglamentación en el mercado de trabajo iniciado en los años 90  y trasladar riesgos empresariales a los trabajadores, que no es otra cosa que erosionar la protección en la regulación laboral.
Si tenemos en cuenta que en la actualidad el 40% de los trabajadores están en calidad de “no registrados”, permitir un marco jurídico que legalice la “alta rotación” en el puesto de trabajo  se traducirá en una mayor precariedad. Precariedad que pretenden a su vez que sea financiada por el Estado mediante la baja de aportes previsionales.
Sostener el lema neoliberal que dice “es mejor cualquier empleo que ningún empleo” es apostar a relaciones laborales que establezcan bajos salarios, el empleo basura y la protección basura.
Nuestra Constitución Nacional establece el “principio Protectorio” en el Art. 14 bis, porque reconoce que el eslabón mas débil en la relación laboral es el trabajador y la trabajadora y por ello necesita protección. El proyecto que el Gobierno Nacional esta esbozando, mediante un uso tramposo del lenguaje y los conceptos jurídicos, pretende convertirlo en letra muerta.

EL protagonismo de los trabajadores y trabajadoras, con sus organizaciones gremiales y sociales deberán arbitrar los medios para que esta brisa pierda fuerza y no se transforme en un viento huracanado que introduzca la “flexibilidad” en el corazón de las relaciones laborales.

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