SURGEN BRISAS DE REFORMA LABORAL.
Por Juan Pablo Ruiz. Abogado laboralista.
A los
dirigentes de las Centrales Obreras argentinas les sobran motivos de preocupación.
A la extensa recesión económica que destruye puestos de trabajo y aumenta la
precariedad laboral; y a una inflación interanual que toco un techo del 45% llevándose
los ajustes salariales de las paritarias, se le suma la ofensiva del gobierno
de realizar cambios en las leyes que regulan las relaciones laborales en nuestro
país.
Como una suave
brisa, se manifestó como una expresión de deseo de los economistas cercanos al gobierno,
luego continuó con editoriales de los medios más importantes del país o que se manifestó
cuando el Presidente de la Nación les pidió a los trabajadores que no pongan “palos
en la rueda”. Esa suave brisa ha tomado fuerza en las palabras que viene
pronunciado el Ministro de Trabajo de la
Nación.
Si bien los
cambios propuestos hacen rememorar a los proyectos de flexibilización laboral
impulsados en los años 90 y en el gobierno de De la Rúa, en la actualidad están
motivados por urgencias empresariales un tanto diferentes.
El primer
objetivo es cambiar las reglas de la negociación colectiva, permitiendo los “acuerdos
particulares por empresa”. Se conoce que la capacidad de negociación de los
trabajadores depende en cierto punto de la capacidad de unidad y organización que
poseen. Dividir y atomizar esa capacidad de negociación es la forma de lograr “acuerdos
nuevos” que dejen sin efecto viejas conquistas laborales.
Otro objetivo,
más ambicioso por cierto, es quitarle al Ministerio de Trabajo de la Nación el
poder de “homologar” los acuerdos paritarios. En la actualidad el Ministerio es
la “autoridad de aplicación” que regula y controla las relaciones laborales, siendo
la facultad de “homologación” una especie de poder de veto cuando un acuerdo no
respeta las reglas de la negociación colectiva o intenta suscribir acuerdos que
no cumplen el piso de derechos consagrados legalmente.
Como lo
intentaron con la “Ley Banelco”, también impulsan la extensión del periodo de
prueba (que permite al empleador despedir sin indemnización); admitir la figura
del contrato a plazo fijo flexible o otras formas de contratación que reduzcan
a los trabajadores a meros insumos industriales sometidos al juego de la oferta
y la demanda.
Otra idea que
ha estado rondando es crear una especie de “Plan de Ahorro”, pero no para
adquirir un vehículo, sino para que el trabajador pueda cobrar la indemnización
cuando es despedido, dicho plan se financiaría con aportes de los empresarios y
de los trabajadores; una especie de “páguese usted mismo el despido”.
Lo que se pretende
es reducir a porcentajes marginales el “trabajo estable”, para instaurar
relaciones laborales con alta rotación y
flexibilidad, con infimos costos indemnizatorios, con cargas sociales que soporte
el Estado y sin ningún ámbito estatal que las controle.
Pero esto no
termina aquí, los empresarios también pretenden que las acciones judiciales que
tienen por origen accidentes de trabajo sean tramitadas por el Fuero Federal y
no por los tribunales del trabajo, especializados en la materia. Con esto
pretenden procurarse impunidad para no tener que responder por los accidentes laborales,
impunidad garantizada por fallos que rechacen las pretensiones de los
trabajadores o por la altísima demora que tendrían estos juicios en ser
resueltos.
Lo que se
pretende en definitiva es retomar la tendencia de flexibilización y
desreglamentación en el mercado de trabajo iniciado en los años 90 y trasladar riesgos empresariales a los
trabajadores, que no es otra cosa que erosionar la protección en la regulación
laboral.
Si tenemos en
cuenta que en la actualidad el 40% de los trabajadores están en calidad de “no
registrados”, permitir un marco jurídico que legalice la “alta rotación” en el
puesto de trabajo se traducirá en una
mayor precariedad. Precariedad que pretenden a su vez que sea financiada por el
Estado mediante la baja de aportes previsionales.
Sostener el
lema neoliberal que dice “es mejor cualquier empleo que ningún empleo” es
apostar a relaciones laborales que establezcan bajos salarios, el empleo basura
y la protección basura.
Nuestra Constitución
Nacional establece el “principio Protectorio” en el Art. 14 bis, porque
reconoce que el eslabón mas débil en la relación laboral es el trabajador y la
trabajadora y por ello necesita protección. El proyecto que el Gobierno Nacional
esta esbozando, mediante un uso tramposo del lenguaje y los conceptos jurídicos,
pretende convertirlo en letra muerta.
EL
protagonismo de los trabajadores y trabajadoras, con sus organizaciones
gremiales y sociales deberán arbitrar los medios para que esta brisa pierda
fuerza y no se transforme en un viento huracanado que introduzca la “flexibilidad”
en el corazón de las relaciones laborales.
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